La exalcaldesa Susana Villarán de la Puente seguirá con las limitaciones que le impuso en mayo pasado el juez de primera instancia Jorge Chávez Tamariz. Entre ellas, el impedimento de salida del país mientras dure la investigación en su contra por los presuntos sobornos de US$10 millones que habría recibido de las empresas brasileñas OAS y Odebrecht.
Esta decisión fue tomada el pasado 10 de junio por la Sala de Apelaciones Anticorrupción, según pudo conocer La República, cuyos jueces confirmaron además otras restricciones contra la investigada: no cambiar su lugar de domicilio sin autorización judicial, no comunicarse con coinvestigados ni testigos o peritos del caso, presentarse ante las autoridades judiciales o fiscales cuando sea requerida y no brindar declaraciones a la prensa.
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El requerimiento inicial del fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Villarán desde agosto de 2020 aproximadamente, luego de reemplazar a Carlos Puma Quispe en el caso, buscaba que la exfuncionaria tenga arresto domiciliario hasta mayo de 2022, alegando diversas actividades como citaciones y testimonios que no pudieron cumplirse por la pandemia del COVID-19 desde el año pasado.
No obstante, el juez Chávez Tamariz sostuvo en mayo pasado que “no se advierte que el peligro de obstaculizacion que se determinó en la prisión preventiva sobre el ‘pacto de silencio’ [solicitado por Villarán a Miguel Castro Gutiérrez y Gabriel Prado, sus coimputados] tenga la misma significancia y magnitud”.
En la resolución, los magistrados del tribunal indicaron que la Fiscalía no explicó “cómo es que la realización de todas esas diligencias requieren mantener la privación de la libertad de la investigada [juicio de necesidad], o, si las demás medidas como la comparecencia con restricciones no son igualmente idóneas para la consecución de los fines del proceso”.
La defensa de la exalcaldesa de Lima, Raúl Pariona, indicó a este diario que “tanto el Juez como la Sala Superior han señalado que la Sra. Susana Villarán ya ha cumplido en su totalidad la prisión ordenada por el Poder Judicial, y que no existen razones para que se amplíe este recorte de su libertad. Ella debe afrontar ahora la investigación y el juicio oral en libertad. Este es el trato justo que la Convención Americana y la Constitución garantizan para que una persona afronte un proceso penal”.
Susana Villarán tiene desde mayo de 2020 una orden de arresto domiciliario, que se cumplió a mediados de mayo de este año. Además, la exfuncionaria es procesada por tres delitos: lavado de activos, cohecho pasivo propio y lavado de activos.
Las pesquisas que logró recabar el fiscal Carlos Puma Quispe determinaron que existió una organización criminal liderada por Villarán entre 2011 y 2014 y que recibió USD10 millones de las constructoras Odebrecht y OAS para sus campañas contra la revocatoria en 2013 y reelección en 2014.
El caso también tiene como procesados a Miguel Castro Gutiérrez, Gabriel Prado Ramos y otros exfuncionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima así como empresarios y publicistas.
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