El próximo jueves 6 de mayo, desde las 10 de la mañana, la Segunda Sala de Apelaciones contra el Crimen Organizado revisará el pedido de Fuerza Popular para que se deje sin efecto la incautación de documentos que se realizó en febrero de 2020 por el fiscal José Domingo Pérez.
Esta impugnación del partido fujimorista, según pudo conocer La República, se hizo el 6 de febrero de 2020. No obstante, cuando se elevó esta apelación a un tribunal superior, el juez de primera instancia Víctor Zúñiga Urday no le notificó a la Fiscalía de ello para que pueda defender su postura.
La audiencia iba a instalarse esta semana, pero fue reprogramada para mayo ya que el fiscal superior adjunto del equipo especial Lava Jato, Hernán Mendoza, informó que no tenía conocimiento aún de la solicitud de Fuerza Popular.
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Otra razón de la demora de más de un año para la convocatoria de esta audiencia fue la revisión de otros cargos emblemáticos que tiene el juez en su despacho como el caso Orellana, y las sucesivas recusaciones planteadas en su contra para apartarlo del caso Cócteles.
La diligencia que hizo la Fiscalía hace más de un año logró recabar libros de compra, venta, vouchers y registros contables del partido fujimorista del año 2015 y 2016.
Elio Riera, uno de los abogados del partido que lidera Keiko Fujimori, sostuvo únicamente a este diario que “no podemos brindar mayores detalles por el momento. La defensa esperará que la Sala subsane el error material y traslade el recurso de apelación a la Fiscalía para que se instale validamente la diligencia. No haremos mayor comentario al respecto”.
El marzo de ete año, el fiscal José Domingo Pérez presentó su acusación contra Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama y otros involucrados del caso Odebrecht.
Para Keiko solicitó en específico 30 años y 10 meses de cárcel. Mientras que para el partido Fuerza Popilar, pidió su disolución y liquidación. Requirió lo mismo para la empresa MVV Bienes Raíces SAC por haber sido instrumentalizadas para “blanquear” dinero ilícito de la empresa brasileña.
Hasta el momento no hay fecha de audiencia para intalar la revisión formal de la acusación fiscal. Esta etapa, denominada intermedia, puede durar entre un año y medio o dos años dependiendo del caso. Tras ello, recién podrá instalarse el juicio oral por este caso complejo que abarca a 42 acusados en total.
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