PL para que empresas adquieran vacunas podría ser arma de doble filo
De no regularse de manera adecuada, iniciativa que busca inocular gratuitamente a trabajadores del sector privado amenazaría las negociaciones del Estado en la compra de nuevos lotes.
El congresista y vocero de Alianza para el Progreso (APP), César Combina, anunció un proyecto de ley el cual permitiría que las empresas realicen negociaciones a través del Estado con laboratorios extranjeros para poder adquirir la vacuna contra la COVID-19 e inocular gratuitamente a sus trabajadores.
Esta sería una aparente cooperación del sector privado al Ejecutivo en la lucha contra la pandemia, que según el documento presentado por Combina, busca proteger la vida de los empleados de distintos sectores, sus familias y personal cercano al rubro; además, afirma, que con ello se reactivaría la economía del país.
“Mientras se cumple el plan de vacunación estatal, la idea es que se permita con la supervisión del Minsa (Ministerio de Salud) que las empresas que tengan la voluntad de vacunar gratuitamente a sus empleados puedan comprar vacunas, que sean fuera de los contratos negociados (desde el Gobierno) como el caso de la Sputnik, que la misma embajada rusa ha señalado de que está libre a la venta de privados, pero que requiere la autorización del Estado peruano”, explicó César Combina a La República.
Proceso de empadronamiento
El vocero de APP añadió que se haría la consulta a los trabajadores que deseen vacunarse para que sean empadronados junto a sus familiares. Una vez conformada la lista, la empresa acudiría al Minsa para registrarlos y a partir de la cantidad de trabajadores y sus familiares se comprarían las vacunas, para que no ocurra un exceso en la adquisición.
Si una vez comprada las dosis, si algún trabajador se retracta y no desea vacunarse, el legislador dijo que la empresa podía solicitar una autorización a la máxima entidad de Salud para donar, a la entidad en mención, las dosis excedentes. Otra opción sería poder aplicarlas dentro del área de influencia.
César Combina sugirió que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Producción podrían apoyar en la fiscalización de la lista de vacunados. “Se aligeraría completamente la carga que tiene el Minsa y se garantizaría padrones públicos y transparentes, a diferencia de lo que se está haciendo el día de hoy porque el Minsa no tiene la responsabilidad de la vacunación regional, la tiene las direcciones regionales de Salud”, sostuvo.
Iniciativa debe tratarse con cautela
Sin embargo de no ser correctamente regulado, este proyecto de ley también podría generar un desequilibrio en el plan de vacunación elaborado por el Ministerio de Salud, así como podría perjudicar las negociaciones del Estado para la adquisición de nuevos lotes del antídoto con otros laboratorios.
El constitucionalista Omar Cairo considera que el PL es inoportuno debido a que permitiría que muchas personas o instituciones tener control de un bien “tan preciado y tan requerido” que se generaría un caos.
“El Perú está necesitando la mayor cantidad de vacunas y las personas particulares van a hacer compras, entonces los laboratorios van a tener que atender al Perú no solamente como Estado y como sociedad sino también como destino de ventas (...). Especular con la vacuna, maniobrar con los precios, con las cantidades, eso en una emergencia sería catastrófico”, declaró para este medio.
Teniendo en cuenta la escasa producción de vacunas y la alta demanda a nivel mundial, el bienestar de muchos peruanos que dependen únicamente del Estado para acceder a esta (teniendo en cuenta que el 70 % del país es informal) podría verse afectado por la demanda del sector privado, generando desigualdad respecto a aquellos que sí pueden vacunarse por pertenecer a una empresa privada.
“En la constitución hay una norma de que claramente dice que el ejercicio de las libertades de empresa comercio - industria, y ahí estaría el comercio de las vacunas y la actividad empresarial para adquirirlas, no debe ser lesivo a la moral ni a la salud, ni a la seguridad pública. Creo que una ley como esa comprometería la salud y la seguridad pública entonces sería inconstitucional”, apuntó.
Regulación en negociación y calidad en la adquisición
A su turno, Manuel Loayza, el exdirector del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, opinó que el sector privado puede apoyar en la inoculación, siempre y cuando esté regulado por el Estado no solo en el tema de las negociaciones sino también en la calidad.
“La idea es que los privados puedan colaborar y comprar, pero tiene que ser regulado también por el Estado. El tema de la calidad de los medicamentos antes que pasen tienen que estar aprobados por Digemid, las vacunas como son en fase tres, entran en una aprobación de emergencia”, comentó a La República.
El especialista resaltó que si la iniciativa de Combina se llegara a aprobar, se tendría que hacer una restructuración en el plan de vacunación nacional. Ya que el Minsa debe asegurar el cumplimiento de la fase 1 y 2, sugirió que de la fase 3 se encargue la empresa privada, debidamente normada.
“Hay que trabajar mucho con la reglamentación que esté a la mano, que no distorsione lo que se ha programado, más bien que sea un apoyo para lograr la mayor cantidad de vacunas y colocar a la gente, esa es la idea que se ha integrado”, precisó Loayza.
El epidemiólogo advirtió que se debe tener en cuenta la parte logística en las compras, para asegurar las refrigeradoras indicadas para cada tipo de vacuna, además de las jeringas, agujas y todos los implementos necesarios.
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