La Primera Fiscalía Suprema Penal confirmó lo resuelto por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que rechazó la denuncia planteada por la Federación Nacional de Trabajadores Aduaneros y Tributarios del Perú (Fentat) contra los exsuperintendentes nacionales Tania Quispe Mansilla y Víctor Ramos Chávez, así como cuatro exsuperintendentes nacionales adjuntos.
La Segunda Fiscalía Suprema consideró que durante la gestión de Tania Quispe como superintendenta nacional se programaron y realizaron 132 fiscalizaciones a las empresas del grupo Odebrecht y sus consorcios, según información que recibió de Sunat.
Asimismo, tomó en cuenta que los superintendentes no gozaban de competencias legales para disponer, sugerir ni recomendar el inicio de fiscalizaciones a ningún contribuyente y que dichas facultades recaían en la Gerencia de Programación Centralizada, la misma que se encuentra cuatro niveles debajo de la Superintendencia Nacional.
Esta decisión ha sido confirmada en segunda instancia por la Primera Fiscalía Suprema, al no haberse demostrado que los denunciados por omisión de actos funcionales y peculado culposo hayan omitido, rehusado o retardado algún acto funcional al que estaban obligados a cumplir.
La resolución firmada por el fiscal supremo titular, Pablo Sánchez, ordena el archivamiento definitivo de los actuados.
Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.