Fiscal Pérez insiste en pedido de suspensión contra Fuerza Popular

El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, presentó una apelación este lunes 4 de diciembre contra la resolución del juez Víctor Zúñiga Urday, quien declaró infundado el pedido para suspender las actividades del partido Fuerza Popular por dos años y medio.

Según fuentes de La República, el recurso todavía no ha sido notificado a la defensa del partido fujimorista.

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Por su parte, el magistrado había ordenado solamente la vigilancia judicial para la mencionada agrupación política.

Esto significa que, durante dos años, el partido que lidera Keiko Fujimori tendrá que presentar informes y escritos donde se consignen su situación actual de deudas a los medios de comunicación, así como el modo de pago a usar y otras cuentas pendientes.

Del mismo modo, deberá especificar las fuentes de los recursos en la actual campaña presidencial, el registro de gastos realizados y el tipo de financiamiento. Toda esta información tiene como plazos para ser enviado al juzgado el 1 y 15 de cada mes.

Sin embargo, el fiscal no quedó conforme con esta decisión, ya que en audiencia había sustentado su postura con los presuntos aportes ilícitos de Odebrecht al partido, además del supuesto ‘pitufeo’, los falsos aportantes y otros elementos.

Cuando el juez Víctor Zúñiga reciba la apelación, este deberá admitirlo y elevarlo a la Segunda Sala de Apelaciones contra el Crimen Organizado. Dicho tribunal será el encargado de confirmar o rectificar la decisión que se tomó el 22 de diciembre de 2020, luego de fijar una fecha de audiencia.

Domingo Pérez no ampliará plazo de investigación contra Fujimori

El fiscal José Domingo Pérez no ampliará plazo de investigación, sino que dará por concluida la etapa preparatoria en enero para dar pase a la denominada etapa intermedia.

En esta fase el juez deberá hacer un control de los resultados de las pesquisas. En tanto, el fiscal decidirá si acusa o no a la imputada.

Keiko Fujimori es investigada por haber recibido fondos durante sus campañas presidenciales de 2011 y 2016 sin haberlos declarado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En vez de ello, insertó al sistema financiero parte de dicho dinero a través de falsos aportantes.

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