Demanda de Máxima Acuña contra empresa Newmont debe ser vista en Perú

La Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos confirmó la resolución del tribunal de distrito de Delaware que determinó que la demanda de Máxima Acuña y su familia contra la estadounidense Newmont Mining Corporation por abusos a manos de su personal de seguridad debe ser escuchada en tribunales peruanos.

La desestimación del tribunal de distrito fue “sin perjuicio”, lo que significa que ha dejado abierta la posibilidad de que los Chaupe Acuña regresen a los tribunales de Estados Unidos en busca de justicia.

El abogado de EarthRights, Wyatt Giullin, que patrocina a la familia cajamarquina, lamentó la decisión de la Corte porque impide que Newmont sea procesada en su foro local.

“Los esfuerzos de Newmont para trasladar este caso a un país consumido por una corrupción judicial sistémica sin precedentes y una inestabilidad política es intento claro de evitar la rendición de cuentas”, señaló Giullin.

El tribunal de distrito dijo que Máxima Acuña y su familia presentaron pruebas respecto a la corrupción judicial en los tribunales de Perú así como pruebas sobre los intentos anteriores de Newmont por corromperlos, pero dictaminó que la empresa estadounidense asumió la responsabilidad de demostrar que Perú era un foro adecuado para escuchar los reclamos de la familia, hecho que se basó en las reformas que se estaban dando en el sistema de justicia nacional.

Durante la apelación, EarthRights pidió a la Corte que considere el caos político que vivió el Perú cuando el presidente que promovía dichas reformas fue derrocado por su Congreso, lo cual socavó cualquier progreso que el país pudiera haber logrado en la reforma anticorrupción. La opinión de la Corte no mencionó ni abordó este hecho, señaló EarthRights.

En el escrito también argumentó que el tribunal de distrito cometió varios errores legales y abusó de su discreción al desestimar el caso. No le exigió a Newmont que demuestre que Perú es un foro adecuado, a pesar de reconocer que “sigue preocupado porque la capacidad de los demandantes para ser escuchados con justicia en Perú está comprometida”.

“Máxima y su familia no comparten el optimismo de los tribunales estadounidenses sobre su capacidad para tener un juicio justo en Perú. La familia está considerando sus opciones y los próximos pasos”, manifestó Gjullin.

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