El fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios, Néstor Rivera Navarro, investiga al flamante ministro del Interior, teniente general PNP (r) Gastón Rodríguez Limo, por contratar los servicios de la empresa Iza Motors, de propiedad de Antonio Camayo, implicado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Rodríguez, junto con los generales en retiro César Gentille Vargas y Salvador Iglesias Paz, suscribieron 14 contratos con Iza Motors cuando ejercieron como jefes de la Sétima Región Policial Lima, en 2015, 2016 y 2017.
Según la indagación fiscal, los contratos en beneficio de la empresa de Camayo superan los 4,1 millones de soles.
En el 2015, durante la gestión del general Salvador Iglesias, Iza Motors logró obtener 7 contratos en consorcio con la empresa Mafeky Motors y Giovana Zegarra Zavaleta por 2,1 millones de soles. El objeto del servicio era el mantenimiento de vehículos asignados a la Sétima Región Policial Lima.
Llamó la atención que Mafeky Motors recién se había constituido el 24 de abril del 2015 con un simple capital de 1.000 soles y a los pocos días obtuvo un millonario contrato en consorcio con Iza Motors, de Antonio Camayo.
De igual manera lo hizo Giovana Zegarra, una proveedora dedicada al alquiler de vehículos.
El mismo modus operandi se practicó en el 2016, cuando el general César Gentille contrató a Mafeky Motors y a Autopasa Servicios A Clasificados, que ganó seis contratos en un solo mes por 1 millón 44 mil soles.
Y en el 2017, durante la gestión del general Gastón Rodríguez, la empresa de Antonio Camayo se adjudicó un contrato por 367 mil 857 soles para el servicio de reparación y mantenimiento de vehículos policiales.
El fiscal Néstor Rivera abrió investigación al general Rodríguez, el 17 de julio de este año, a dos días de que fuera relevado del cargo de ministro del Interior.
Según la tesis del fiscal del caso, los contratos suscritos por los generales Iglesias, Gentille y Rodríguez con Iza Motors se hicieron a dedo y por montos sobrevalorados, en evidente beneficio a favor de Antonio Camayo.
Una de las razones por las que el fiscal Rivera decidió emprender la investigación fue que observó que los términos de referencia no contemplaban los lineamientos del contrato, tampoco se detallan las especificaciones técnicas de cada vehículo en reparación, ni el número de placa.
Tampoco los contratos contemplaban una garantía técnica por el mantenimiento de los patrulleros, en caso se presentaran eventuales fallas.
En un inicio el caso fue investigado por la Inspectoría General de la Policía Nacional, a cargo del teniente general PNP Gustavo Hannanel García, luego de que la prensa destapó que los vehículos policiales, utilizados durante la detención del empresario Antonio Camayo por sus nexos con Los Cuellos Blancos, tenían las calcomanías coincidentemente de su empresa Iza Motors. Este hecho se registró en julio del 2018.
Debido a la gravedad del caso, y a la implicancia de oficiales generales, la Inspectoría General derivó la investigación a la Oficina de Asuntos de Internos del Ministerio del Interior.
Sin embargo, en esta instancia, no encontraron responsabilidad en los generales Iglesias, Gentille y Gastón Rodríguez.
El argumento que se esgrimió para no implicarlos fue que estos no intervinieron en la celebración de contratos con las empresas proveedoras. Y que la facultad de suscripción la tenían los jefes de la Oficina de Administración.
Este diario intentó comunicarse con el general en retiro Gastón Rodríguez para que ofrezca su versión, pero no lo consiguió.
Su juramentación como ministro del Interior sorprendió porque en la primera ocasión no duró en el cargo más de tres meses, no obstante que por su designación tuvieron que pasar al retiro tres generales de la Policía Nacional.
El 14 de agosto de este año, el general EP en retiro Walter Chávez Cruz fue designado asesor del entonces primer ministro, general EP en retiro Walter Martos. Chávez se dedicaba a actividades empresariales privadas cuando fue convocado por Martos.
Integrante de la promoción Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico, que se graduó en 1980, Chávez fue pasado al retiro por renovación de cuadros el 17 de octubre del 2012, durante el gobierno de Ollanta Humala.
Al año siguiente, junto con el general de brigada en retiro, Juan Gutiérrez Castro, constituyó la compañía C2G Security, dedicada a la prestación de seguridad física. Entre sus principales clientes, se encontraban empresas mineras.
Entre sus principales contactos se cuenta al general de división en retiro y congresista Otto Guibovich, quien sería el que lo recomendó en el cargo.
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