El Ministerio de Justicia nombró a Susana Silva Hasembank como nueva titular del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entidad que aún registra el 122% de hacinamiento en la población reclusa, en medio de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).
La designación se oficializó en la Resolución Suprema Nº 207-2020-JUS publicada este 4 de septiembre en el Diario oficial El Peruano. La abogada es la segunda mujer en ocupar este cargo luego de la también excongresista Rosa Mavila León, en el 2006, quien reemplazó a Pedro Ramón Salas Ugarte.
El cambio de mando se da tras la renuncia de Rafael Eduardo Castillo Alfaro a la vicepresidencia del Consejo Nacional Penitenciario. El funcionario, quien también asumió la presidencia del INPE en mayo de este año, llegó al cargo luego de la dimisión de Gerson Villar tras los cuestionamientos por las protestas en las cárceles y la cantidad de contagios y fallecidos por la COVID-19 en el sector.
Nuevos nombramientos en el INPE. Fuente: El Peruano.
La nueva jefa del INPE es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, cuenta con una maestría en Derecho Aplicado al Desarrollo por la Universidad de Warwick (Inglaterra).
Trabajó como secretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción en la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Susana Silva Hasembank también ocupó otros cargos en la administración pública, desempeñándose como vicepresidenta del INPE y Defensora Adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Además, fue inspectora general del Ministerio del Interior.
A nivel internacional, Silva se desempeñó como presidenta del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Asimismo, ejerció como representante del Perú ante las comisiones de anticorrupción de la OEA, Naciones Unidas, Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
En la resolución suprema también se designó a Carlos Alfonso Martín Diaz Orbegoso como vicepresidente del Consejo Nacional Penitenciario, en reemplazo de Rafael Eduardo Castillo Alfaro. Leoncio Delgado Uribe asumirá funciones como tercer miembro, en lugar de Luis Octavio Bisso Pun.
Pese a que el Gobierno promulgó medidas para evitar el hacinamiento en los penales durante la pandemia de la COVID-19, con el objetivo de evitar más casos de contagios, aún el INPE registra un 122% de este en la población penitenciaria.
Por la medida hubo una reducción del 8.1% de reos, sin embargo, hasta el 27 de agosto de 2020 se contabilizó un total de 89.458 reclusos, según informó el exjefe del la entidad, Rafael Castillo Alfaro.
El entonces funcionario informó que el INPE continúa tomando medidas de protección contra la COVID-19, como el control de temperatura, desinfección de ropa y zapatos y lavado de manos, al momento que los trabajadores ingresan a los establecimientos penitenciarios.
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