EE. UU. El expresidente Alejandro Toledo podrá salir a la calle solo cuatro horas al día mientras se tome una decisión sobre su extradición —de Estados Unidos al Perú— con el fin de que responda a la justicia por haber recibido, presuntamente, aportes ilícitos de la empresa Odebrecht.
En efecto, fue el juez Thomas Hixson de la Corte del Distrito Norte de California quien determinó dicha medida tras la petición de la defensa de Toledo, quien se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en su residencia de San Francisco, Estados Unidos, debido a un posible contagio del coronavirus (COVID-19).
Asimismo, de acuerdo a información de EFE, esta normativa a favor del exmandatario peruano no tuvo oposición de parte de los servicios penitenciarios ni de la Fiscalía de dicho país.
Cabe recordar que Alejandro Toledo no estará en el Perú este año para responder a la acusación del Ministerio Público de recibir, presuntamente, $35 millones de la empresa brasileña Odebrecht y entregar las licitaciones de los tramos 2, 3 y 4 de la carretera Interoceánica Sur.
Fue la justicia estadounidense que, tras la decisión del mismo juez Thomas Hixson, comunicó que la audiencia de extradición del expresidente Alejandro Toledo será en marzo del 2021.
En marzo pasado, Alejandro Toledo logró ser excarcelado luego de alegar ante la Corte de EE. UU. que, ante la pandemia global de coronavirus, su vida corría peligro.
La estrategia legal del exmandatario fue alegar que pertenecía a la población vulnerable ante esta enfermedad ya sea por la edad como por la presencia de enfermedades preexistentes.
La Fiscalía de EE. UU. no pudo contrarrestar, por otro lado, el argumento del expresidente sobre la garantía de no ser víctima de un contagio en el centro penitenciario que lo asilaba.
Debido a estas condiciones, se resolvió, finalmente, enviar al expresidente a cumplir una orden de arresto domiciliario con vigilancia tecnológica, solo luego del pago de fianza ascendente a 1 millón de dólares.
Toledo Manrique estuvo recluido desde el 16 de julio de 2019 por motivos de su extradición y posteriormente fue trasladado al penal de Maguire, ubicado en el Condado de San Mateo, California, donde cumplía detención durante su proceso legal.
De acuerdo a la tesis del Ministerio Público, el expresidente habría favorecido a Odebrecht y Camargo Correa en la licitación de algunos tramos de la carretera Interoceánica a cambio de presuntos pagos ilícitos que supuestamente fueron recibidos por el empresario Josef Maiman, examigo de Toledo.
Al exgobernante se le imputa la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, y desde febrero de 2017 tiene una orden de captura internacional y un mandato de 18 meses de prisión preventiva.
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