Pandemia agudizó los conflictos sociales
Desafío. Premier Martos plantea Primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos para evitar casos como los de Espinar, en Cusco, y Bretaña, en Loreto.
En junio último se registraron 190 conflictos sociales. La cifra se mantiene dentro del promedio mensual en lo que va del año, según la Defensoría del Pueblo. Pero lo que la crisis sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus ha generado es que muchos de estos casos irresueltos derivaran en violentos choques, como en Espinar, Cusco, y en Bretaña, Loreto.
Al menos 7 de cada 10 conflictos sociales en curso están relacionados con los reclamos medioambientales, a lo que se suma las demandas de las poblaciones afectadas por los contagios de la COVID-19 y por las medidas de inmovilización social. Estas últimas manifestaciones, sin embargo, no aparecen en los reportes de la Defensoría del Pueblo.
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“Hay que distinguir entre la conflictividad anterior a marzo de este año y las tensiones y demandas vinculadas específicamente a la pandemia. Lo que nosotros hemos detectado en estos meses de estado de emergencia son situaciones de tensión social y demanda que tienen que ver más directamente con la pandemia, pero que no están registradas en nuestros reportes todavía como conflictos, sino como demandas y tensiones sociales”, explicó Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo.
Precisamente, eso es lo que sucedió en Espinar y Bretaña: cuando los pobladores negociaban acuerdos con la empresa minera Antapaccay, de propiedad de Glencore, y las comunidades indígenas de Kukama hacían lo propio con la compañía de hidrocarburos PetroTal, se desató la pandemia del nuevo coronavirus, y entonces los conflictos se dispararon.
El primer ministro Walter Martos entendió que lo ocurrido requiere un tratamiento diferente, más allá de la represión policial y la cerrazón empresarial. “Somos conscientes de que además de la pandemia debemos gestionar problemáticas que en muchos casos son estructurales, como las que escalaron hace unos días en Espinar, en Cusco, y lo de Bretaña, en Loreto”, explicó.
A continuación, planteó la solución: “Estamos elaborando, de manera ampliamente participativa con 128 instituciones del Estado, el sector empresarial, los pueblos indígenas, los sindicatos y la sociedad civil, el Primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos”.
El premier Martos anunció resultados del proyecto en la primera parte de 2021. Mientras tanto, el desafío del nuevo gabinete es intentar que los 128 conflictos sociales medioambientales que se reportaron en junio de este año, y que implican a comunidades andinas y amazónicas, no desemboquen en episodios como los de Espinar y Bretaña. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, estos episodios se registran en regiones donde golpea la COVID-19, lo que evidentemente incrementará las protestas.
Pero también debe haber cambios de enfoque en el Ejecutivo. Cuando se asignó el presupuesto para la compra de alimentos destinados a las familias afectadas por la pandemia, a los distritos de Loreto y Cusco −envueltos en los conflictos socioambientalesles correspondió montos menores. Esa fue otra de las razones que estimularon las protestas que la pandemia caldeó.
“Anuncio repetido”
Enfoque por Rolando Luque - Defensoría del Pueblo
Los casos de Espinar y de Bretaña combinan ambas cosas: demandas anteriores y demandas vinculadas con la pandemia, relacionadas con la situación de la pobreza en la que están las poblaciones que no tienen recursos para alimentación ni atenciones médicas. Sobre la reducción de brechas sociales, es un anuncio repetido que hicieron en 2019 el presidente Vizcarra, el expremier e incluso Cateriano. Lo que esperamos es que se dé el primer paso en ese sentido, que consiste en consensuar con las poblaciones el plan de cierre de las brechas sociales e institucionalizar el diálogo.
“Es más de lo mismo”
Enfoque por Lizardo Cauper Pezo - Presidente de Aidesep
El premier Martos reconoce la brecha a cerrar, pero nos hubiera gustado que se pronuncie sobre cuáles son las acciones que tomará para hacerlo con números presupuestales destinados a educación, salud, justicia. Eso hubiera sido más concreto. Pero solo hay un discurso que no es tan creíble para los pueblos indígenas. Muchos premieres han pasado hablando de lo mismo. Todos han pasado diciendo la misma cosa y lo que queremos son acciones, que se presenten cronogramas y presupuestos. Nos cansamos de tanto diálogo, de tanta acta firmada donde al final no llegan las implementaciones de los acuerdos tomados.
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