El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, resaltó que el debate de la cuestionada iniciativa que modifica la inmunidad parlamentaria y suprime el antejuicio a los altos funcionarios del Estado podría ser concluida a fin de año.
“No puedo dar fecha del término del debate, pueden ser dos, tres o cuatro meses. Finalmente, tenemos hasta diciembre para discutir el tema, aunque creo la legislatura se ampliará hasta enero del 2021 […] No hay que apresurarse, hay que debatirlo con calma”, según cita Gestión.
Asimismo, el parlamentario de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) exclamó que en la presente semana elaborará un cronograma donde se especificará las fechas en las que serán convocados los voceros de instituciones y especialistas para discutir las posibles modificaciones en la propuesta de la inmunidad.
De acuerdo al citado medio, Omar Chehade detalló que, entre los invitados para presentarse ante la Comisión de Constitución, figuran el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos.
En ese sentido, añadió que se planea convocar a los titulares del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Contraloría, Defensoría del Pueblo, entre otros.
”Lo más importante es que exista un debate nacional, porque eso nunca se ha impulsado. Siempre hubo propuestas, pero nunca un debate serio y amplio, y eso queremos impulsar”, concluyó.
El pasado domingo 5, el Pleno del Congreso aprobó con 110 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención, la reforma constitucional que modifica la inmunidad parlamentaria e introduce cambios en el tratamiento a altos funcionarios públicos.
Como se recuerda, las bancadas de Acción Popular, Somos Perú, Alianza para el Progreso, Frepap, Unión por el Perú, Podemos Perú, Somos Perú votaron a favor de la referida iniciativa.
Mientras, Fuerza Popular registró 9 votos a favor y 5 en contra; Frente Amplio, 1 en contra y 6 a favor; el Partido Morado votó 7 en contra.
Finalmente, el texto sustitutorio aprobado modifica los artículos 93, 99, 117, 161 y 201 de la Carta Magna, donde se indica que los legisladores representan a la Nación y no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.
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