Por haber comprado y dispuesto la distribución de canastas de alimentos para las familias más vulnerables por la pandemia del nuevo coronavirus, el procurador especializado en delitos de corrupción del Callao, Engie Herrera Yactayo, solicitó a la fiscalía del caso incorporar como investigados al alcalde chalaco Pedro López Barrios y a otros funcionarios del municipio.
Con el sustento de un peritaje microbiológico efectuado por el Ministerio Público a una muestra de comestibles que incautó y que arrojó como resultado el hallazgo de coliformes en latas de atún y de hongos en bolsas de avena, el procurador requirió incluir además del burgomaestre chalaco López, a la gerente general de Administración, Maritza Villa Huaylas, así como al representante legal de la empresa Green Land Group, José Villarreal Solís, que obtuvo el contrato por 999 mil 891 soles.
De acuerdo con el peritaje del Ministerio Público, también fueron identificados productos alimenticios de la canasta que no contaban con fecha de producción, vencimiento, registro de salud ni de fabricante, por lo que son considerados adulterados.
La Municipalidad Provincial del Callao adquirió los alimentos para repartir 12 mil 843 canastas a los pobladores más vulnerables del puerto chalaco, afectados por las medidas de emergencia sanitaria.
El procurador Engie Herrera sostiene que el alcalde Pedro López, y la gerente municipal de Administración, Maritza Villa, como funcionarios públicos, son responsables de gestionar, cautelar y disponer de los fondos transferidos por el Estado para la compra y distribución de los alimentos. Al comprobarse las deficiencias en las canastas repartidas en el Callao, ambos funcionarios no cumplieron con sus obligaciones, por lo que el procurador Herrera considera que podrían haber incurrido en los delitos de colusión agravada, negociación incompatible y peculado doloso.
En esa línea, el procurador Herrera ha solicitado a la fiscal Edith Canales el levantamiento del secreto bancario para el alcalde López y su gerente Villa, con la finalidad de determinar si los funcionarios presentan desbalance económico, ante la eventualidad de haber incrementado su patrimonio personal al firmar contrato con la proveedora.
El representante legal de la empresa Green Land Group, José Villareal Solis, dijo a La República que no sabía nada de los requerimientos del procurador Engie Herrera a la fiscal Edith Canales.
“Formalmente, no se me ha notificado, pero garantizamos que los productos entregados fueron totalmente aptos para el consumo humano y cada uno cuenta con certificado de calidad acreditado por el laboratorio Global Consulting Group”, explicó Villarreal.
Por su parte, la gerente de la alcaldía chalaca, MAritza Villa, rechazó las imputaciones: “No desconocemos el resultado del laboratorio, pero sí que esas muestras hayan sido supuestamente obtenidas de nuestras instalaciones o entregadas por nosotros. No se puede dar fe que lo sometido a peritaje sean nuestros productos”, señaló.
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