Nativos piden al TC que declare nula la venta de sus tierras a Plantaciones de Pucallpa
Refieren que casi siete mil hectáreas de tierras comunales, ubicadas en la provincia Coronel Portillo, fueron vendidas por 222 colonos posesionarios para un mega cultivo de palma aceitera con la anuencia de funcionarios del Gobierno Regional de Ucayali. El caso llegó al Tribunal Constitucional en el año 2018.
Los pobladores de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya tienen un conflicto desde hace cinco años con la empresa Ocho Sur, antes Plantaciones de Pucallpa. Refieren que en el año 2016 presentaron una demanda contra el gobierno regional de Ucayali y la empresa Ocho Sur por la usurpación de aproximadamente siete mil hectáreas de tierras comunales. Las autoridades regionales habían otorgado constancias de posesión a 222 agricultores ajenos a la comunidad, que luego se convirtieron en títulos de propiedad inscritos en Registros Públicos. Finalmente, los colonos vendieron esas tierras a la empresa Ocho Sur para una mega plantación de palma aceitera.
Los comuneros del pueblo shipibo-conibo agotaron las instancias judiciales de Ucayali sin conseguir que les dieran la razón. De ahí que en el año 2018 elevan el caso a la Corte Constitucional.
Ellos piden al máximo órgano de interpretación constitucional que declare nulos los contratos de compra-venta que hicieron los posesionarios con la empresa Plantaciones de Pucallpa y que las tierras sean revertidas al Estado para su titulación en favor de la comunidad.
Respecto a los colonos, el abogado Álvaro Másquez, especialista legal del Instituto de Defensa Legal (IDL), refiere que según investigaciones periodísticas se trataría de traficantes de tierras, razón por la que autoridades del gobierno regional y la propia empresa están siendo investigadas. Dijo que en una labor de hormiga se ha reunido 222 títulos individuales para hacer la transacción comercial.
“La comunidad lo que reclama son las tierras usurpadas por la plantación porque nadie les consultó que iba a llegar una multinacional a deforestar bosques de un día a otro. Los posesionarios nunca estuvieron, solo existían en el papel”, señaló Másquez.
Por su parte, el presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali, Miguel Guimaraez, manifestó que esta lucha ya tiene cinco años y ahora la empresa proyecta instalar una planta procesadora en el territorio comunal donde ha destrozado siete mil hectáreas de bosques primarios.
Se supo también que la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura denegó la solicitud de evaluación y aprobación de instrumentos de gestión ambiental que presentó esta compañía respecto de los fundos Tibecocha y Zanja Seca. De manera que no podrá iniciar proyectos ni actividades de servicios y comercio al no contar con certificación ambiental.
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