Estado demora en respuesta a crisis y ya van 67 fallecidos en penales por Covid-19
El Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso con propuestas para el deshacinamiento aunque en el Congreso aún no se instala la Comisión de Justicia.
El presidente Martín Vizcarra envió ayer al Congreso un nuevo proyecto, planteando una serie de modificaciones legales, con el fin de atender la crisis por el hacinamiento en los penales y el riesgo de mayores contagios por Covid-19.
El texto es enviado en un contexto en el que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ya reporta 67 fallecidos, entre internos y trabajadores de los penales, por contagio con Covid-19, de acuerdo con el corte de información realizado a las 7 p.m. del martes 5 de mayo.
Según la información a la que accedió La República, 7 de los fallecidos son trabajadores del INPE y 60 son internos. Asimismo, 88 internos con Covid-19 son atendidos en centros médicos y hay 750 internos con la misma enfermedad que están en aislamiento dentro de los penales, principalmente en Sarita Colonia.
Esta cifra de 67 fallecidos por Covid-19 no incluye a los otros nueve internos que murieron en el penal de Castro Castro, durante el motín registrado hace una semana.
El proyecto de Vizcarra busca complementar la medida de los indultos humanitarios que ya iniciaron en varios penales, bajo una serie de criterios. El jefe del gabinete ministerial, Vicente Zeballos, sostuvo ayer que el Gobierno ya otorgó indulto a unos 50 internos. Esta tarde, otro grupo de 28 mujeres salieron con el indulto de distintos penales del país.
Sin embargo, cuando se anunció la medida de los indultos, se proyecto la salida de un promedio de tres mil, para disminuir el hacinamiento. La meta está aún muy lejos.
Una de las cosas que plantea el Ejecutivo en su proyecto de ley es la simplificación de procedimientos para el otorgamiento de otros beneficios penitenciarios.También propone el otorgamiento de la prisión preventiva para el caso de personas con investigaciones por delitos leves.
En estos casos, el Poder Judicial tendría que revisarlos de oficio, dentro del plazo de 15 días de publicada la norma, sin necesidad de trámites de solicitudes por parte de los investigados.Otra propuesta tiene que ver con la conversión automática de la pena.
Y a ello se suma otro planteamiento para dar libertad a adolescentes que están internados. De aprobarse la norma, los centros juveniles tendrían que entregar en el plazo de tres días la propuesta de nómina de quienes podrías acceder.
Si bien el texto enviado por Palacio tiene el carácter de urgente, un primer inconveniente es que hasta la fecha no se ha instalado la Comisión de Justicia del Congreso, para un eventual análisis de las propuestas.
El tema tampoco está contemplado en la agenda del Pleno virtual que se ha programado para este jueves. Queda en el terreno de los portavoces una eventual decisión para priorizar este problema.