Presentan nuevo proyecto para modificar la elección del TC
Iniciativa de Somos Perú deja de lado los planteamientos que proponía el Ejecutivo para promover una mayor participación de la ciudadanía en el procedimiento.
Un nuevo proyecto para modificar el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, fue presentado la madrugada de este martes en el Congreso.
La iniciativa llegó de manos del parlamentario Rennán Espinoza, de Somos Perú, cuando el Pleno del Legislativo se sumergía en una sesión maratónica de varias horas en la que juraron los parlamentarios, se eligió a la Mesa Directiva e, incluso, se aprobó una modificación a la ley de elecciones, que ya ha cosechado cuestionamientos.
Las propuestas de la iniciativa legislativa de Espinoza son, en síntesis, las siguientes:
- Pleno del Congreso designa una Comisión Especial integrada por un parlamentario de cada bancada.
- La Comisión Especial se encarga “de conducir el procedimiento de elección”.
- La Comisión Especial “selecciona a los candidatos garantizando el principio constitucional de igualdad y no discriminación, a través de procedimientos transparentes, idóneos, meritocráticos e imparciales, que merecen ser declarados aptos para ser elegidos”.
- La lista de seleccionados se presenta ante la ciudadanía para el periodo de tachas.
- La Comisión Especial resuelve las tachas que estén debidamente sustentadas con documentos.
- La Comisión Especial presenta la propuesta de candidatos seleccionados y se convoca al Pleno del Congreso en los siguientes 5 días para que se elija a los nuevos magistrados del TC.
Propuesta de Somos Perú para modificar el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Lo que dice la LO del TC en la actualidad
A la fecha, el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que el Congreso cree una comisión conformada por entre 7 y 9 legisladores, “respetando en lo posible la proporcionalidad y pluralidad de cada grupo parlamentario en el Congreso, para encargarse de conocer del procedimiento de designación”.
Aquí una precisión: mientras el artículo 8 actual de la LO del TC habla de “conocer del procedimiento de designación”, en la iniciativa del congresista Rennán Espinoza se habla de “conducir el procedimiento de elección”.
El artículo 8 actual de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional habla también de dos modalidades de elección de los magistrados: la ordinaria y la especial.
En la ordinaria, “la Comisión Especial selecciona a los candidatos que, a su juicio, merecen ser declarados aptos para ser elegidos”.
Aquí, otra precisión: en la iniciativa de Rennán Espinoza, el texto señala que es la Comisión Especial la que “selecciona a los candidatos [...] que merecen ser declarados aptos para ser elegidos”.
Claro, “garantizando el principio constitucional de igualdad y no discriminación, a través de procedimientos transparentes, idóneos, meritocráticos e imparciales”, según indica el documento.
En la modalidad especial de selección, la norma del TC indica que la Comisión Especial convoca “por invitación” a los candidatos a magistrados.
La misma norma contempla, por lo demás, que es la Junta de Portavoces del Congreso la que decide qué modalidad de selección se aplicará.
La propuesta del Ejecutivo
Tras la disolución del Congreso, el tema de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional entró en una fase de suspenso.
Sin embargo, quedó pendiente de revisión el proyecto del Poder Ejecutivo que llevó Salvador del Solar.
La iniciativa del Gobierno estipulaba pautas de participación de la sociedad civil y la participación de otras instituciones, como la Defensoría del Pueblo, aunque de manera consultiva o como veedor.
En síntesis, estas son las modificaciones que planteaba el Ejecutivo:
- Las sesiones de la Comisión Especial son públicas “y pueden contar con la veeduría de la Defensoría del Pueblo y organismos de la sociedad civil”.
- Para que sean consideradas aptas, las propuestas a candidatos al TC “deben contar con el respaldo de una o más instituciones, y cumplir con un perfil de reconocida trayectoria profesional y ética, y compromiso con los valores democráticos”.
- Resueltas las tachas planteadas por la ciudadanía, la Comisión Especial “invita a los candidatos aptos a una audiencia pública para formular preguntas sobre su trayectoria personal, profesional y su posición sobre temas de relevancia jurídica”.
- Solo luego de este paso, la Comisión Especial "publica el listado de candidatos aptos para ser elegidos, de acuerdo al perfil aprobado y a los documentos presentados".
- Luego de aprobada esta lista, se convoca al Pleno del Congreso “en término no inferior a siete días”, para que se elijan a los magistrados del TC “mediante votación pública, en el orden de la calificación obtenida durante la evaluación”.
Asimismo, la iniciativa del Ejecutivo contempla que, para los reemplazos de los magistrados, en el caso de que el mandato de más de uno concluya de manera simultánea, se hará “según la mayor antigüedad de designación o, en su defecto, la mayor antigüedad de la colegiatura” de los tribunos salientes.
El TC y la disolución
El 30 de setiembre de 2019, el entonces primer ministro Salvador del Solar acudió al Legislativo —logrando ingresar al hemiciclo pese a los intentos del fujimorismo y sus aliados de no dejarlo entrar— y presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 8 de la Ley Orgánica (LO) del Tribunal Constitucional.
Por supuesto, Del Solar acompañó la propuesta con una cuestión de confianza.
El objetivo del Ejecutivo era que se suspenda el proceso de elección de los magistrados del TC que estaba en curso, pues habían serios cuestionamientos en torno a él (principalmente por la premura como se había resuelto la selección de los candidatos, luego de que la Comisión Especial encargada de este trámite pasara varios meses sin actividad).
No obstante, el Congreso, conducido por Pedro Olaechea y con el aval de Fuerza Popular y sus satélites, continuó con el proceso, logrando solo la elección del primo del Olaechea, Gonzalo Ortiz de Zevallos, como juez consititucional del TC.
Lo demás, desde luego, es historia conocida: tras un silencio de algunas horas, en la tarde de ese 30 de setiembre, el presidente Martín Vizcarra decretó la disolución del Congreso.
