Edgar Alarcón, excontralor y ahora virtual congresista de Unión por el Perú (UPP), afronta un pedido de prisión de 12 años interpuesto por la Fiscalía por los presuntos delitos de peculado doloso y colusión agravada.
Según Correo, la acusación contra Edgar Alarcón fue presentada por la fiscal Zoila Sueno el 22 de marzo de 2019. Sin embargo, hasta la fecha no se sabe cuándo iniciará el juicio oral en contra del excontralor.
Justamente por este caso, la fiscal Sueno solicitó también que se inhabilite a Edgar Alarcón para ocupar cualquier cargo público por un plazo de 10 años y 8 meses.
En la acusación, se atribuye a Edgar Alarcón que, en su condición de gerente general de la Contraloría —el virtual legislador de UPP trabajó en dicha institución desde 1997, empezando como analista técnico financiero; en el 2016, fue nombrado contralor— autorizó el pago de beneficios sociales para el personal que culminaba su relación con la Contraloría.
"[Edgar Alarcón] permitió que se tramitaran 121 convenios de Término de Contrato de Trabajo por Mutuo Disenso“, señala la acusación de la fiscal Zoila Sueno.
En esa línea, la representante del Ministerio Público sostiene que Edgar Alarcón no siguió el procedimiento que señala la ley para el abono de estos pagos por beneficios sociales, a saber, contar, primero, con un informe del Ministerio de Economía, y, segundo, con un pronunciamiento de la Gerencia de Finanzas, según apunta la acusación fiscal.
Como prueba de este hecho, la fiscal Sueno sostiene que la misma Contraloría ha revisado en sus archivos y no ha encontrado evidencias que indiquen que se hizo todo conforme a ley.
También, la fiscal Sueno resaltó que las normas no contemplan el pago de beneficios a trabajadores “cuando el vínculo laboral terminaba por mutuo disenso".
De este modo, la actuación de Alarcón en este caso habría "ocasionando un perjuicio al Estado”, según sostiene la fiscal.
Vale indicar que entre los beneficiados con estos convenios se encuentra Marcela Emilia Mejía Franco, expareja sentimental de Edgar Alarcón.
Otra arista del caso contra Alarcón al que se refirió la fiscal Sueno en su acusación apunta hacia la aprobación irregular que el virtual legislador dio para recibir su liquidación por tiempo de servicios en la Contraloría, en el 2010.
Según la fiscal Sueno, Alarcón autorizó que se le pagara 426 mil 385.87 soles, “registrándose un exceso de más del 90 % del monto calculado, que es de 107,261.19”, de acuerdo a Correo.
A su vez, la Fiscalía también detectó que a Edgar Alarcón la Contraloría le pagó S/150, 665.30 en calidad de indemnización vacacional "como si el imputado nunca hubiera salido de vacaciones”.
Edgar Alarcón, por su parte, señaló que en el caso de los convenios, cumplía órdenes dirigidas por el entonces contralor Fuad Khoury.
“Esos contratos fueron firmados por el despacho del contralor Fuad Khoury. Yo era, en ese entonces, gerente general e implementamos su decisión, que era proponer a un grupo de trabajadores, previamente evaluados o que se presentaban voluntariamente, para que se retiren de la Contraloría”, dijo el ahora legislador.