¿Qué le pasa a Vizcarra?

¡Destituye a la única persona que estaba haciendo su trabajo y resguardando los intereses del país en la controversia de Odebrecht contra el Perú! ¡Han tratado al procurador del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, como si hubiera hecho algo ilegal cuando son Vizcarra y sus ministros quienes se tiraron la pelota y mecieron al procurador dejando que se venciera el plazo para que Odebrecht nos llevara a CIADI!

La mecedora ha sido así: Odebrecht (ODB) contactó a fines de diciembre a Ramírez para decirle que querían negociar con el Perú la anulación del contrato Gasoducto Sur. ¿Por qué ahora? Porque cuando PPK en el 2017 resolvió unilateralmente ese contrato, se estipuló que Perú y el consorcio afectado tenían hasta 3 años para ponerse de acuerdo o apelar a CIADI. Ese plazo se vencía este verano. Pero además, en marzo ODB debe presentar a sus acreedores un cronograma de pagos que si no es aprobado terminará de desaparecer a la empresa. Por eso ODB prefería negociar y porque además tiene pocas posibilidades de ganar en CIADI. Al Perú le convendría permitir una nueva licitación para que entren nuevos inversionistas, se reactive el proyecto, y los inversionistas arreglen con Odebrecht su inversión en los tubos ya instalados, total, todo el dinero invertido hasta la cancelación del proyecto era dinero de privados. Y de lo que Odebrecht saque igual nos tocaría recibir reparación. Y así ganáramos el arbitraje, hay costos millonarios de representación.

El 23 de diciembre ODB llama a Ramírez. Ramírez le informa de inmediato a la ministra de Justicia, Ana Revilla, sobre la propuesta de negociar. Revilla le pasa la pelota a Liu del MINEM y Liu cita a Ramírez a su despacho tres días después, el 26, y le confirma a Ramírez que Vizcarra está al tanto. El 9 de enero, ya con los funcionarios de ODB en el Perú, se reúnen en el MINEM Liu, abogados de Odebrecht y Ramírez (cuyo afán era vigilar el tema de las reparaciones dentro de las competencias del acuerdo de colaboración eficaz).

El 9 de enero, en esa reunión en el MINEM, Odebrecht propone a Perú firmar un acuerdo para prorrogar 6 meses más la posibilidad de llegar a un acuerdo sin recurrir al CIADI. Lui le dijo a Ramírez que eso estaba fuera de su competencia y que mejor hablaría con la ministra del MEF, Alva. Por la noche Alva convocó a Ramírez a reunión en su despacho para decirle que eso tampoco era su competencia y que le informaría al presidente de la comisión especial de Controversias Internacionales de Inversión, Ricardo Ampuero. Al día siguiente Vela y Ramírez –con los abogados de ODB en su oficina- llaman a Ampuero que estaba en París y Ampuero les dice (sin acusar recibo de la urgencia) que ODB debía presentar una solicitud formal. Ante el peloteo, Ramírez se reúne con Zeballos en la PCM el 21 de enero, quien le contesta con el peloteo final: “no negociamos con delincuentes”. Al día siguiente, 22 de enero, ODB presenta la solicitud de arbitraje a CIADI. Cuando se filtra a los medios, Vizcarra y Zeballos se hacen los sorprendidos y empieza la corredera.

¿Por qué Vizcarra y sus ministros pelotearon al procurador para luego botarlo? ¿Por qué dejaron que se venza el plazo? ¿Por qué Ampuero no hizo su trabajo? ¿Por qué no teníamos un plan B incluso antes de que ODB viniera con el suyo? ¿Por qué Vizcarra nos pone en riesgo no solo de perder millones en arbitraje, sino de desestabilizar al equipo Lava Jato cuando entra a la recta final con la pronta revelación de los codinomes? ¿Por qué poner en riesgo su capital político y único respaldo popular: la fiel lucha contra la corrupción? Ramírez debería ser repuesto y Vizcarra ofrecer explicaciones a toda la sombra de dudas que acaba de echarse sobre sí.