Representantes de la Procuraduría en Procesos Arbitrales del gobierno regional y del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap), mostraron su disconformidad con la reposición de Fernando Cantuarias Salaverry como presidente del Tribunal Arbitral, que tiene a cargo el laudo 005-2020 con el Consorcio Obrainsa Astaldi (COA).
El procurador Ad Hoc en procesos arbitrales, Segundo Valdez Rojas, informó que en octubre del 2019, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso prisión preventiva contra 14 árbitros, donde estaba incluido Cantuarias, quienes habrían emitido laudos arbitrales a favor de Odebrecht.
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Sin embargo la sanción fue revocada, con lo cual Fernando Cantuarias fue reintegrado como presidente del tribunal arbitral. “Se aduce que esa medida no le impide a Cantuarias realizar su tarea de árbitro, pero está en proceso de investigación”, enfatizó.
Refirió que sobre este tema se ha dado cuenta a la Osce (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado) y al Consejo de Defensa Jurídica del Ministerio de Justicia, para que deje sin efecto la reincorporación de Cantuarias y se proceda a designar a uno nuevo.
El gerente general del Peihap, Manuel Vega Palacios, informó que mediante Resolución n.° 01-2020/ CSA-CA-CCP del Consejo Superior de Arbitraje, del 21 de enero, declaró infundado el pedido de reconsideración donde pide la salida de Cantuarias.
“Estamos disconformes con el accionar del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Piura y del Poder Judicial, porque la participación de este árbitro investigado por casos de corrupción no garantiza un buen proceso”.
El Proyecto Alto Piura afronta cinco arbitrajes con el COA por más de 143 millones de soles, cuatro de ellos están referidos a ampliaciones de plazos denegados y el quinto a la resolución del contrato.
Las acciones legales que el Peihap realiza en coordinación con la Procuraduría Ad Hoc buscan la correcta y eficiente defensa de los intereses del Estado, a efectos de lograr resultado favorable.