Tres bancadas propondrán retomar denuncias contra fiscales Chávarry y Gálvez

Votos fujimoristas y de sus aliados en el Pleno del Congreso disuelto, cabe recordar, impidieron que los fiscales Pedro Chávarry y Tomás Gálvez sean denunciados por crimen organizado el año pasado, pese a sus vínculos con ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Sin embargo, el nuevo Parlamento puede corregir esa exoneración. Y dependerá del consenso de las bancadas entrantes.

La República corroboró que los virtuales congresistas del Partido Morado (PM), Frente Amplio (FA) y Acción Popular (AP) buscarán retomar las denuncias constitucionales contra Chávarry y Gálvez.

Gino Costa, del Partido Morado, sostuvo que en el lapso en que ninguna institución pudo sancionar a Chávarry Vallejos y Aladino Gálvez, las fiscales del Callao, Sandra Castro y Rocío Sánchez, han recopilado más elementos en la investigación contra la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, lo cual podría servir de sustento para plantear nuevas denuncias constitucionales.

"El hecho de que el Congreso disuelto archivara esas denuncias no significa que no se pueda presentar nuevas acusaciones", expresó Costa.

Del mismo modo, en el Frente Amplio, la virtual legisladora Rocío Silva Santisteban asegura que su bancada apoyará que se denuncien a los fiscales supremos. “Yo he planteado un proceso a Tomás Gálvez. Por supuesto que apoyaremos una denuncia constitucional, es algo que planteamos en campaña”, enfatizó.

Mientras que en Acción Popular, la parlamentaria electa Mónica Saavedra también respalda que se retomen las investigaciones en el Parlamento contra los fiscales cuestionados. “Apoyo una revisión de las denuncias presentadas contra estos dos fiscales supremos, creo que esta debe darse con el marco de un debido proceso”, refirió.

La instancia correspondiente del Parlamento para volver a procesar a los fiscales Chávarry y Gálvez es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esta deberá designar a un legislador encargado de elaborar un informe sobre las imputaciones y sustentarlas.

De recibir la aprobación de la Subcomisión, será discutida en la Comisión Permanente y luego en el Pleno. Si todo prospera, el Congreso puede recomendar una investigación penal contra Chávarry y Gálvez por organización criminal y, además, demandar la inhabilitación de ambos en la función pública.

Estas reacciones surgen luego de las controversiales declaraciones de Tomás Gálvez, quien la semana pasada arremetió contra los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, por la demanda que presentó Odebrecht contra el Estado peruano por el proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).

El miércoles 5, Tomás Gálvez pidió a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, apartar a Vela y Pérez del caso Lava Jato. El fiscal supremo los acusó de haber permitido que Odebrecht reciba US$ 132 millones por la venta de la Hidroeléctrica Chaglla.

El requerimiento del fiscal Gálvez, explicó Costa, necesitaba del visto bueno de la Junta de Fiscales Supremos, algo que no sucedió. Y por eso su solicitud no tuvo éxito. Eso explica por qué formalmente su acusación contra Vela y Pérez todavía no está en manos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), encargada de sancionar a jueces y fiscales.

Ante esa arremetida, el viernes 7 el fiscal Vela le respondió a Gálvez: "Debemos protegernos porque, haciendo uso de su cargo en forma indebida, podrían perjudicar las investigaciones y nuestras propias carreras".

No es la primera vez que el fiscal supremo pugna por remover a los fiscales del Equipo Especial. El 19 de agosto del año pasado demandó lo mismo, sin embargo, tampoco tuvo éxito.

Solo acusaron a Chávarry por encubrimiento

El 24 de julio del año pasado, el Pleno del Congreso, con votos fujimoristas, aprobó presentar solo una acusación contra el fiscal Pedro Chávarry por encubrimiento real debido a que intentó remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez en diciembre del 2018. Fueron 75 parlamentarios los que respaldaron esa moción. Sin embargo, en paralelo, evitaron recomendar inhabilitarlo de la función pública e investigarlo por crimen organizado. También se exoneró al fiscal Tomás Gálvez de esas imputaciones.