Viceministro de Economía: Perú está listo para enfrentar demanda de Odebrecht
Estrategia. En tanto, la Comisión Especial multisectorial que representa al Perú ante el CIADI prepara la estrategia. Defenderán la legalidad del cierre de la concesión y alegarán los antecedentes de corrupción de la empresa brasileña. Odebrecht ha presentado la sentencia de colaboración y beneficios con el Equipo Especial Lava Jato.
Por: César Romero y Alonso Collantes
“Estamos preparados, listos y absolutamente seguros de la fortaleza jurídica de nuestra posición para enfrentar la demanda de Odebrecht”, expresó ayer el viceministro de Economía, Mario Arróspide Medina, en diálogo con La República, sobre el recurso de arbitraje planteado por la constructora brasileña.
El viceministro explicó que el ente competente para responder la solicitud de arbitraje y todo lo relacionado con ese proceso es la Comisión Especial multisectorial que representa al Estado en Controversias Internacionales.
Comisión Especial
La Comisión Especial forma parte de todo un sistema técnico creado el año 2006 para enfrentar los reclamos que empresas extranjeras podrían presentar contra el Perú, en el desarrollo de algún proyecto. Está integrada por profesionales de primer nivel, encabezados por Ricardo Ampuero Llerena, con un alto récord de éxitos.
De 17 procesos de arbitraje planteados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), en 14 casos logró resultados favorables al Perú. Actualmente, la Comisión Especial atiende otros 10 casos en el CIADI, entre ellos, la demanda presentada por la constructora española Enagás, también en relación con el proyecto del Gasoducto del Sur Peruano.
El viceministro Arróspide descarta que la demanda de la constructora Odebrecht, y la comunicación de la misma, haya tomado de sorpresa al Estado.
El 22 de enero, la Comisión Especial tomó conocimiento que el día anterior Odebrecht presentó una solicitud de arbitraje ante el CIADI y de inmediato, por teléfono, informó del evento a la fiscalía y el procurador hoc del caso Lava Jato. Anotó que durante todo este tiempo la Comisión Especial siempre estuvo en contacto con el Ministerio Público y la procuraduría.
Arróspide enfatiza que el Ministerio de Economía y Finanzas no interviene en ninguna fase del arbitraje y, por tanto, no se han reunido con ningún representante de Odebrecht, ni antes ni después de acudir al CIADI.
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Recordó que, tras cancelarse la concesión, Odebrecht planteó un trato directo con la Comisión Especial, pero al cabo de seis meses no se llegó a nada. Luego no volvieron a tener contacto con los representantes de la empresa.
La estrategia
El Estado peruano tiene clara la estrategia de defensa. El estudio de abogados que intervendrá en este proceso es el mismo que atiende la demanda de la española Enagás, Arnold & Porter Kaye Scholer LLP.
Lo cual garantiza que tenga una posición consistente y coherente en ambos procesos.
El Perú defiende que la cancelación de la concesión se sustenta en el contrato. La concesionaria no cumplió con el cierre financiero, es decir, con obtener el respaldo económico para desarrollar la obra que se le asignó el año 2014.
Luego, el proyecto es una Asociación Público Privada (APP) por lo que el financiamiento es enteramente responsabilidad del concesionario, sin ninguna intervención del Estado.
Además, que para el 2015 y 2016, Odebrecht ya tenía afectada su credibilidad internacional, lo que habría sido la causa para que los bancos pusieran reparos en financiar sus proyectos de infraestructura.
Pero el sustento legal no es todo. Una vez que se defina el calendario de actuaciones del arbitraje, el Estado alegará los antecedentes delictivos de Odebrecht.
El Banco Mundial y el CIADI tienen una política de lucha contra la corrupción y hay antecedentes de tribunales arbitrales que se han excusado de intervenir en demandas planteadas por empresas con problemas legales.
Tal vez por esto Odebrecht se ha apresurado en presentar al CIADI la sentencia de colaboración y beneficios que alcanzó con el Equipo Especial Lava Jato, que implica a cuatro obras y no incluye al Gasoducto del Sur. Este es el comienzo de un proceso que puede llevar hasta cuatro años para un fallo final.
Luego, Ricardo Paredes y Eleuberto Martorelli gestionaron y coordinaron cuatro pagos por US$ 600 mil a la cuenta de Cirkuit Plantet Limited en Hong Kong, que representaba los US$ 2,4 millones que Odebrecht pagó por el contrato de la carretera Chacas-San Luis en Áncash.
Argumentos y demandas de Odebrecht
1. La solicitud de arbitraje fue presentada por Oli Lux, las siglas de Odebrecht Latinvest S.A.R.L (de Luxemburgo). Detrás de esta nomenclatura se encuentra la compañía Inversiones en Infraestructura de Transporte por Ductos (IITD), subsidiaria de Odebrecht S.A. (la matriz en Brasil). IITD tiene el 51,6% del proyecto Gasoducto Sur Peruano.
2. Oli Lux argumenta, en su solicitud de arbitraje, que dejar el contrato sin efecto fue una regresión de las garantías dadas a Odebrecht y a sus compañeros respecto a proyectos similares" desarrollados en el Perú.
3. Agrega que “el Perú socavó los intentos de Odebrecht de disponer de fondos para financiar el proyecto, pues habría sugerido a potenciales financistas que el Perú ya no estaba interesado en que el proyecto avance en los términos en que estaba en ese momento”
4. También cuestionan la promulgación, el 13 de febrero del 2017, del Decreto de Urgencia 003-2017 que ordenó congelar los bienes de la empresa para garantizar el pago de la reparación civil al Estado por supuestos incumplimientos y los hechos de corrupción que se habían revelado y la misma empresa reconoció a fines del 2016.
5. “El Gobierno recolectó, abusivamente, dice Odebrecht, US$ 262,5 millones de la carta fianza, por un supuesto daño que no ocurrió y al que el Perú habría contribuido con su propia conducta”.
6. Odebrecht presenta la sentencia de Colaboración y Beneficios para señalar que reconoció actos ilícitos en solo 4 proyectos, en los que no está incluido el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Igualmente, anota que la empresa Oli Lux, el consorcio GSP y Transportadora de Gas no se encuentran investigadas, sin embargo, Perú las ha tratado como si fueran culpables y las sanciona.
7. Odebrecht pretende que se le otorgue de nuevo “la gestión y ejecución del GSP” en las condiciones previas a que ocurriera “cualquier violación a sus obligaciones”. También que “el Perú pague todos los costos incurridos como los costos y honorarios de los árbitros en el CIADI”.
8. En tanto, a través de un comunicado público, Odebrecht reiteró que continuará colaborando con el Equipo Especial Lava Jato y que espera un acuerdo que relanza el proyecto del Gasoducto del Sur que permita venderlo a un tercero y, de esa forma, recuperar su inversión.
Reacciones
Martín Vizcarra - presidente de la República
“La demanda de Odebrecht no tiene justificación. Como Gobierno, haremos prevalecer los intereses del Estado y del pueblo del Perú. No vamos a estar en función de los vaivenes de la empresa”.
El dato
El 5 de febrero comenzó el proceso ante el CIADI. Luego de que se establezca el tribunal arbitral, se realizará una primera audiencia y empezarán el debate de fondo y las alegaciones.
Constructora irá a juicio en caso La Centralita por lavado de activos
La Constructora Norberto Odebrecht sucursal del Perú deberá comparecer a juicio en el caso La Centralita. Así lo resolvió la jueza de investigación preparatoria María de los Ángeles Álvarez Camacho al atender un requerimiento del fiscal especializado Elmer Chirre.
El fiscal especializado en casos de corrupción, que ya obtuvo que Odebrecht pague una reparación civil de S/ 80 millones en este caso, ahora pretende que se sancione a la empresa por lavado de activos y se le imponga una multa de S/ 1,2 millones.
La Fiscalía sostiene que la Constructora Norberto Odebrecht sucursal del Perú participó en dos actos de supuesto lavado de activos, en los eventos protagonizados por el exgobernador regional de Áncash César Álvarez.
En un primer momento, a través de Ricardo Paredes Reyes y Eleuberto Martorelli, gestionaron pagos ilícitos para José Luis Cavassa Roncalla y Dirse Valverde Varas.
Para ello se simularon contratos ficticios por asesorías técnicas, que en realidad nunca se hicieron en la Interoceánica Sur entre el 2010 y 2012. Así le pagaron S/ 7.463 mil a Dirse Valverde y S/ 150 mil a Cavassa Roncalla.
La Centralita
Este juicio alcanzará a César Álvarez y otros 49 colaboradores, entre ellos el excongresista Heriberto Benítez, José Cavassa, Martín Belaunde, Dirse Valverde, entre otros.
A todos ellos se les imputan delitos de asociación ilícita, peculado, encubrimiento real, violencia contra la autoridad, colusión y lavado de activos, con penas entre 30 años de prisión hasta un mínimo de dos años.
La jueza Álvarez Camacho, la misma magistrada que aprobó el acuerdo de colaboración y beneficios entre Odebrecht y el Equipo Especial, admitió la acusación fiscal y remitió el expediente a un tribunal superior, que se encargará de desarrollar el juicio.