Ramírez: Odebrecht va a tener que asumir las consecuencias

Odebrecht. Los procuradores Ad Hoc, Silvana Carrión y Jorge Ramírez, anunciaron que su institución “tomará las medidas cautelares” tras la demanda de US$1200 millones presentada por la constructora brasileña Odebrecht contra el Estado Peruano debido a la cancelación del proyecto Gasoducto Sur Peruano.

“Nosotros estamos habilitados para aplicar las medidas cautelares, que finalmente protegen el patrimonio. Podemos tocar los activos que tienen ellos, muebles, inmuebles, a favor del Estado peruano. Tiene activos por Rutas de Lima, Olmos, Interoceánica”, manifestó Silvana Carrión durante una entrevista en Canal N.

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Por otro lado, el procurador Jorge Ramírez afirmó que Odebrecht “va a tener que asumir las consecuencias de la demanda” y añadió que en estos casos no se pueden fijar reparaciones civiles en los proyectos que no han aceptados delitos. No obstante, recalcó que si se garantizarán los pagos de una futura reparación.

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“A nosotros no nos ha sorprendido esta información. Tenemos unas cláusulas que nos permite utilizar información que ha dado la propia empresa para utilizarlas en la defensa del Estado en el arbitraje”, acotó el representante de la Procuraduría.

En otro momento, Ramírez consideró que la demanda presentada por la empresa Odebrecht “no tiene ninguna posibilidad de éxito” pues el CIADI no aceptaría dar la razón en proyectos donde hay indicios y testimonios de corrupción en perjuicio de un país.

“Toda esta prueba va a ser enviada por el Estado peruano para hacer una defensa sólida […] Nosotros estamos tranquilos. Odebrecht se ha visto presionada por sus acreedores en Brasil”, agregó.

Asimismo, aseguró que Odebrecht, además, sufrió un “golpe muy fuerte” tras la cancelación de Gasoducto Sur Peruano el 2017 tras la decisión del gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski de dar por concluida la concesión al consorcio Gasoducto Sur que la empresa integró junto con la española Enagás y Graña y Montero.

Pues Odebrecht argumenta que el Estado canceló “de manera arbitraria” el contrato del Gasoducto Sur e interpuso otras medidas que violaron los derechos subsidiarios de la constructora.

Por el contrario, el Estado Peruano asegura que el contrato con la empresa se culminó debido a que no obtuvo el financiamiento necesario para acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto para realizarse la obra.