Juez decidirá el 23 si Keiko es investigada en prisión

El juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, informó que el sábado 18 podría terminar con las audiencias de evaluación de la prisión preventiva de Keiko Fujimori, y el 23 de enero emitiría resolución.

Ayer en la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez Gómez presentó la declaración de un testigo protegido para demostrar que prosigue la obstrucción de la justicia de parte de Keiko y aseguró que no tiene arraigo familiar, al preferir la prisión para mantener la reserva de la recepción de dinero de los empresarios afectando seriamente a su familia.

El fiscal del Equipo Especial presentó al juez Víctor Zúñiga el acta del 10 enero del 2020 con la declaración del testigo protegido 2017-5521, en la que da cuenta de que el 7 de enero del presente año el abogado de Fuerza Popular Juan Carlos Alarcón Caycho contactó al testigo Roberto Yumiyagui en las escaleras de las oficinas del Equipo Especial.

Según el testimonio, Alarcón le pidió a Yumiyagui reunirse para conversar sobre la audiencia programada para el 28 de enero, lo que ha generado temor en el testigo, quien ha pedido protección.

El fiscal presentó imágenes de Alarcón en la fiscalía el 7 de enero, lo que considera, “demuestra que los actos de amedrentamiento no han cesado”.

“Keiko desde un inicio amenaza, amedrenta y no solo a los testigos, yo he sido víctima de las agresiones de la misma abogada y en los exteriores. Si agreden a la autoridad, qué se puede esperar con los testigos y colaboradores”, dijo el fiscal.

Sobre el arraigo familiar, Pérez dijo que la investigada priorizó sus intereses y asumió las consecuencias penales, demostrando que no le interesó que sus hijas sufrieran con ello.

“¿A quién creemos? ¿A la que apela al arraigo familiar o a quien priorizó guardar la reserva de la recepción de los millones de Romero?”, preguntó el fiscal, quien cree que su familia no es garantía de arraigo.

Añadió que en 14 años de remuneración, Keiko y Vito solo poseen una camioneta y no tienen propiedades pese a haber recibido millones. Para el fiscal, su situación no es consolidada y hay peligro de fuga.