Fujimorista que intentó afectar investigación contra Keiko Fujimori cobró bono del Congreso
Wilfredo Ponce de León buscó a testigos del caso contra Keiko Fujimori, e intentó vincular a uno con el fiscal Rafael Vela. Bonos irregulares ocasionaron perjuicio de casi S/ 80 mil al Estado.
El fujimorista y extrabajador de Congreso, Wilfredo Ponce de León, cobró S/ 11 425.00 correspondiente a dos bonos extraordinarios los que fueron solventados con el dinero del Legislativo. Un informe de la Contraloría General de la República determinó que el pago no les correspondía recibir.
El exfuncionario se hizo conocido en junio de este año, luego que el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, lo acusara de obstrucción a la justicia por interrogar a los testigos de la investigación fiscal contra Keiko Fujimori, de quien se hizo pasar como abogado.
Ponce de León ocupaba el cargo de jefe del área jurídica del Parlamento y en su día de vacaciones, viajó a Tarapoto para buscar a los testigos. Incluso intentó averiguar supuestos nexos entre Vela y el entonces congresista Rolando Reátegui Flores, quien colaboraba con el Ministerio Público en este caso.
Además, el extrabajador del Congreso se presentó como abogado de Fuerza Popular durante el allanamiento que la Fiscalía ejecutaba en el local del partido fujimorista. La República conoció también que en marzo de 2018 autorizó su propia contratación en el Congreso
Contraloría y los bonos irregulares en el Congreso
Según el informe de auditoría N° 019-2019-2-3346-AC de la Contraloría, 10 funcionarios de confianza se beneficiaron con la ‘Bonificación extraordinaria por cierre de pliego’, durante los periodos 2018 y 2019.
La institución fiscalizadora determinó que por estos pagos se generó un perjuicio al Estado de S/ 79 900.00, e informó que la orden fue dad por la Mesa Directiva del Legislativo que estaba dirigida por el fujimorista Luis Galarreta.
Uno de ellos fue Wilfredo Ponce de León, hombre de confianza de la bancada Fuerza Popular, la mayoritaria en la última etapa legislativa. Él, en particular, recibió dos bonos de S/ 5 700.00 Y S/ 5 725.00 en el 2018 y 2019, respectivamente.
Los otros nueve funcionarios beneficiados indebidamente son:
- José Cevasco, ex oficial mayor del Congreso;
- Walter Jibaja, ex edecán de Alberto Fujimori, ex jefe de seguridad del Parlamento y vinculado a un ejército de trolls que atacaba a detractores del fujimorismo;
- Luis Mejía Lecca, ex personero legal, ex tesorero y ex abogado de Fuerza Popular, ahora colaborador de la Fiscalía en el caso contra Keiko Fujimori;
- Wilfredo Ponce de León Pandolfi, destituido porque se descubrió que intentó amedrentar a falsos aportantes de la región San Martín para que cambiaran su versión en beneficio de Keiko Fujimori;
- Christian Peralta Navarrete, ex jefe de prensa del partido Fuerza Popular en la última campaña presidencial;
- Ricardo Vásquez Kunze, actual candidato del fujimorismo al Congreso.
El pago a este grupo “selecto” es calificado como irregular porque según la Constitución y las leyes, ellos no merecían recibir algún bono adicional a lo determinado en sus contratos.
De acuerdo al artículo 42 de la Constitución, se establece que “se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección”.
Por tal motivo, “el funcionario designado en un cargo de dirección o de confianza, solo percibe su remuneración y las condiciones económicas que corresponden al cargo en el cual es designado”, sindica el documento.
Conclusiones y recomendaciones de la Contraloría
El informe de auditoría de la Contraloría concluyó que la entrega de los bonos indebidos, ocasionó un perjuicio económico ascendente a S/ 79 900.00 al Estado.
Por tal motivo, la entidad fiscalizadora recomendó al oficial mayor del Congreso que inicien acciones administrativas contra los funcionarios que resulten responsables, y que el hecho sea de conocimiento de la Procuraduría de la institución legislativa para que se aperturen las acciones penales correspondientes.
Informe de la Contraloría.
