José Graña se pronuncia tras demanda de GyM contra el Estado ante el CIADI
Arbitraje solicitado por Graña y Montero contra el Gobierno es por haber incumplido con el contrato que había por el proyecto Gasoducto Sur Peruano, el que fue rescindido.
Este jueves, José Graña, involucrado en el caso Odebrecht, se refirió a la demanda arbitral solicitada por la constructora Graña y Montero contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por el proyecto Gasoducto Sur Peruano.
A través de su cuenta de Twitter, Graña Miró-Quesada detalló que él no interviene en las decisiones de la empresa de la cual alguna vez fue presidente de directorio, añadiendo que hay una nueva administración a cargo del rumbo de la constructora.
“Hace casi 3 años, desde febrero del 2017, no tengo intervención alguna en la toma de decisiones de Graña y Montero. Desde esa época existe un nuevo directorio y administración que toma sus propias decisiones, siendo los responsables de las mismas”, indicó José Graña.
Asimismo, explicó que se encuentra en un proceso de colaboración eficaz con el Ministerio Público. “Desde julio del 2019 me encuentro sometido a un proceso especial reservado de colaboración eficaz, que no me permite dar mayor información y que implica obligaciones que cumpliré a cabalidad”.
Graña y Montero también se encuentra vinculada a casos de corrupción del Club de la Construcción, donde coordinaban la distribución de obras públicas. Por este caso la constructora fue incorporada en la investigación fiscal.
Por el proyecto Gasoducto Sur Peruano, el Estado ya tiene un proceso arbitral con la española Enagás, que fijó la valoración de la obra por 1 980 millones de dólares y por el que podría recibir el 25 %, mientras que GyM el 20 %, representando el porcentaje de participación.
El consorcio Gasoducto Sur Peruano, adjudicado con la obra, estuvo conformada por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero.