Exjefe de OCMA habría recibido pago para encubrir a juez

El exjefe de la OCMA Enrique Mendoza Ramírez habría recibido 20 mil soles, el año 2012, para archivar una queja o denuncia contra el juez del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, Óscar Tenorio Torres, según la declaración de un aspirante a colaborador eficaz.

De acuerdo con el colaborador, el exalcalde de Chiclayo Roberto Torres realizó ese pago a exigencia del juez Tenorio. El magistrado reclamaba que lo ayudaran en la OCMA para emitir una segunda medida cautelar a favor de Torres, que en esa época se encontraba suspendido en el cargo, por una sentencia condenatoria.

Encuentro en el Bolívar

Es de esa manera como Roberto Torres envía a Lima al gerente del Servicio de Administración Tributaria, Percy Quesquén Díaz y al exconsejal José Barrueto Sánchez para que se entrevisten con el doctor Mendoza, jefe de la OCMA en Palacio de Justicia.

"En la sede del Poder Judicial ambos se dirigieron al segundo nivel donde se ubica la Oficina de Imagen Institucional, lugar donde se entrevistaron con el señor Carlos Martínez, jefe de dicha área, a quien Barrueto le solicitó una entrevista con el doctor Mendoza", dice el colaborador.

"Esto ha sido a las 11 de la mañana. Luego de hacer la coordinación, el señor Martínez lleva a Barrueto a la oficina del jefe de OCMA, mientras que Quesquén se queda en la oficina de Imagen. Luego de 15 minutos, Barrueto se retira pasando por la oficina de Imagen y coordinando con Carlos Martínez para encontrarse a las 5 de la tarde", continúa.

A las 5 p.m. se reunieron por inmediaciones del hotel Bolívar, José Barrueto, Carlos Martínez y Percy Quesquén, y abordan un taxi para dirigirse al Centro Comercial Plaza Norte. "Durante el trayecto, el señor Martínez hizo entrega de una copia de la resolución que archivaba la queja contra el juez Tenorio", subraya el colaborador.

El saldo de los 20 mil

En su declaración,Torres agrega que Barrueto le dijo a Quesquén que tenía que entregarle S/ 5 mil a Martínez, por lo que llama por teléfono a Roberto Torres para que le realice un depósito de S/ 2 mil 500, pero por la hora ya no se podía realizar, obtando por entregar dicha cantidad en calidad de préstamo. El colaborador indica que "al regresar a Chiclayo, José Barrueto le dijo a Quesquén que obtener la resolución había costado S/ 20 mil y que los S/ 5 mil que se habían entregado solo eran el saldo de lo que ya había entregado al jefe de la OCMA como apoyo para unas actividades".

Investigación

Al recibir esta información, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso el inicio de una investigación por presunto delito de cohecho contra Enrique Mendoza y Carlos Martínez.

El juez supremo Enrique Mendoza se jubiló del Poder Judicial el 2017, luego de ocupar la jefatura de la OCMA y la presidencia del Poder Judicial y del Jurado Nacional de Elecciones. Ese mismo año, fue el ministro de Justicia que respaldó el indulto a Alberto Fujimori.

Entre los años 2010 y 2014, el juez Oscar Tenorio fue objeto de diversas denuncias públicas por sus polémicas medidas cautelares, por el control de la azucarera Pucalá y la que permitió a Torres seguir como alcalde.

La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Chiclayo llegó a suspender a Tenorio, pero apeló y la OCMA, dirigida por Mendoza, revocó esa medida. El 2012, Tenorio designó a un primo de Mendoza, José Félix Escudero Mendoza, como administrador judicial de la empresa Agro Pucalá.

Recién el 2016, en la gestión de la jueza suprema Ana María Aranda, la OCMA solicitó la destitución de Tenorio y el 2017, el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura lo separó del Poder Judicial.

Mendoza rechaza los cargos

- La República no pudo ubicar a Enrique Mendoza. Su abogado presentó un recurso ante el juez supremo Hugo Núñez pidiendo la nulidad de la investigación con el argumento de que la declaración del colaborador es ilegal y que los que debían ser investigados eran los fiscales de Chiclayo que la recibieron.

- Núñez rechazó el recurso de Mendoza y convalidó la investigación que realiza la fiscal de la Nación para esclarecer los presuntos actos de corrupción en la OCMA.