La Sala de Apelaciones Anticorrupción ratificó las inhibiciones contra dos propiedades cuyas acciones formaban parte de Gloria Kisic Wagner, coinvestigada de Pedro Pablo Kuczynski en el caso Odebrecht.
El fallo del pasado 6 de diciembre emitido por el tribunal que preside el juez superior Ramiro Salinas Siccha indica que Kisic “puede realizar conductas de ocultamiento o dilapidación de su patrimonio en el transcruso del proceso penal tendientes a evadir la responsabilidad civil derivada del hecho punible”.
Las medidas, en específico, recaen sobre el 37% de las acciones que posee Gloria Kisic Wagner en una propiedad ubicada en Cieneguilla y que comparte titularidad con Drago y Jorge Kisic Wagner, sus hermanos.
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Otra restricción confirmada va para el vehículo de placa C5D-361, en el que tiene 50% de las acciones. La mitad restante corresponde a su esposo Federico Morales Gamboni.
Con la orden judicial impuesta inicialmente el 9 de agosto, y ahora confirmada, la imputada por supuesto lavado de activos no podrá disponer de estas acciones ni alquilarlas, venderlas, entre otras actividades.
Ello con la finalidad de asegurar una eventual reparación civil. El caso en contra tanto de Kuczynski como de Kisic Wagner y el chofer José Bernaola Ñufflo, es seguido por el fiscal José Domingo Pérez.
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El expresidente cuenta con arresto domicilario por 36 meses mientras que los dos últimos tienen comparecencia restringida.
La investigación contra Kisic Wagner señala que ella “era quien llevaba el control y comunicaba los ingresos y egresos" de una cuenta bancaria mancomunada con PPK a Kuczynski.
“Conocía los fondos de la empresa Westfield Capital Ltd.”, indica la imputación, pues la cuenta del BCP de ambos recibió dinero de esta empresa, que a su vez realizó asesorías a Odebrecht.
Estas transferencias se dieron entre el 2003 y 2016. Entre 2004 y 2007 Westfield envió al número de cuenta la suma de US$1′218,347. La cuenta también había tenido ingresos de la empresa Dorado Asset Management Ltd.
Otro circuito de envíos se dieron desde entonces, lo que en consideración de la Fiscalía se trataría de un clásico esquema de lavado de activos con actos de conversión, transferencia, entre otros.