No la pasa bien el magistrado. El fiscal José Domingo Pérez fue sancionado por la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público por brindar “declaraciones políticas”.
El órgano de fiscalización dentro del Ministerio Público impuso al integrante del Equipo Especial para el caso Lava Jato una multa que asciende al 10% del total de su remuneración.
De acuerdo a Canal N, el órgano de control interno de la Fiscalía determinó que los fiscales deben tener cuidado sobre sus opiniones públicos en tanto que fungen como actores del sistema de justicia en procesos que aún se encuentran en curso.
“Se ha determinado que el fiscal provincial quejado realizó acciones que se encuentran prohibidas por la propia Ley de la Carrera Fiscal, así como en las leyes que rigen la actuación del servidor público, las que se realizaron en el entorno de una investigación en sede fiscal bajo su competencia”, señala la resolución.
En el documento, se deja constancia de que el fiscal Pérez no remitió “su informe de descargo” en el proceso interno de la Fiscalía, con el cual se habría podido “realizar una evaluación de las razones que tuvo para brindar las declaraciones que ahora son materia de cuestionamiento”.
Por estas razones la Oficina Desconcentrada de Control Interno resolvió “declarar fundada la queja seguida de oficio contra José Domingo Pérez Gómez, en su condición de fiscal provincial titular del Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios Equipo Especial [...], imponiéndole la sanción disciplinaria de multa del diez por ciento (10 %) de su remuneración total mensual”, según señala la resolución firmada por el fiscal jefe de la Ofician Desconcentrada de Control Interno de Lima, Luis Alberto Germaná Matta.
A partir de la notificación de esta decisión, el fiscal Pérez cuenta con cinco días hábiles para poder impugnar la resolución.
Las declaraciones que fueron materia de cuestionamiento en la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, es preciso señalar, fueron las que el fiscal Pérez concedió a El Comercio el pasado 19 de agosto.