Gloria Montenegro, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, saludó la decisión que tomó la jueza María de los Ángeles Álvarez de devolver los S/ 524 millones a la constructora Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica Chaglla.
La también excongresista enfatizó que ella hubiera permitido devolver más cantidad de dinero si fuera necesario, para que se permita conocer la verdad. La empresa brasileña mantiene un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público con el objetivo de identificar a lo funcionarios que recibieron sus sobornos.
“No solo 524 millones. Si tuviera que devolver 10 mil millones, lo haría porque la corrupción se lleva 12 mil millones de soles y quienes son los más afectados son las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes", , declaró a la prensa.
Además, enfatizó en que el Poder Ejecutivo respetará lo resuelto por el Poder Judicial porque se le “debe dejar hacer su trabajo”. Agregó que el presidente Martín Vizcarra resaltó que la lucha anticorrupción se concretiza desde las decisiones del sistema judicial.
"El Poder Judicial ya dio su dictamen. No vamos a apoyar al Poder Judicial en unas oportunidades y en otras no. Dejemos que la justicia haga su trabajo de manera integral, pero el Perú necesita saber la verdad”.
Montenegro señaló también que se debe priorizar el conocer la verdad sobre los responsables de la corrupción en el país, que en el principal problema que evita el desarrollo nacional.
"El Perú necesita saber la verdad cueste lo que cueste. Necesita que esa historia que hemos vivido no se vuelva a repetir. Lo ha dicho el presidente de la República: integridad y lucha contra la corrupción no es solo mirar adelante, sino que la justicia cumpla su rol”, manifestó Montenegro.
El pasado 28 de octubre, la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho resolvió que la sentencia del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht deberá ejecutarse en los términos en los que fue aprobada en junio último y con los beneficios que se dispuso otorgarle a la empresa brasileña, lo que implica la devolución de los S/524 millones que había sido retenido por el Estado peruano.