El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, anunció que el próximo lunes 4 de noviembre entregará a sus colegas la ponencia en el hábeas corpus que pretende la libertad de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Dicha ponencia será debatida en el próximo pleno del TC en la misma semana y es probable que se vote de inmediato y que se produzcan votos discordantes.
Keiko Fujimori ya cumplió un año de prisión preventiva en el penal de mujeres de Chorrillos, al sur de Lima, desde que el 31 de octubre del 2018, el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho le impuso la medida, ante un pedido del fiscal José Domingo Pérez Gómez.
La medida fijada inicialmente en 36 meses fue reducida en setiembre último por la Corte Suprema de Justicia a solo 18 meses de reclusión penitenciaria, que se cumplirán el 30 de abril del 2020. Fujimori puede salir en libertad, pero el proceso judicial en su contra continuará.
Junto a ella, también se encuentran con prisión preventiva sus colaboradores Pier Figari y Jaime Yoshiyama. Al resolver un recurso de casación, la Corte Suprema consideró que el peligro procesal por el que se dictó la prisión preventiva se ha atenuado y que la fiscalía ha tenido tiempo suficiente para preservar las pruebas.
Por esto mismo, es muy posible que Ernesto Blume proponga al pleno del TC anular la prisión preventiva de Keiko Fujimori al no estar claro o ser evidente la existencia de un peligro procesal o de fuga para que se dictara la privación de su libertad.
También podría argumentar que al estar en marcha un proceso electoral y siendo ella la dirigente de un partido político, la prisión preventiva podría afectar sus derechos de participación política, cuando todavía no existe una acusación fiscal y menos una sentencia en su contra. La investigación data del 25 de octubre del 2015.
Mientras tanto, el juez Jorge Chávez Tamariz desarrolló ayer el segundo día de las audiencias de prisión preventiva para 16 árbitros legales que favorecieron a la constructora Odebrecht.
Entre los casos evaluados por el juez se encuentra el del abogado Humberto Abanto, quien ejerce la defensa del ex secretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama en la investigación por lavado de activos.
“El señor Abanto recibió US$ 106 mil a cambio de influir y decidir con su voto para favorecer a Odebrecht, dádiva que le habría sido entregada a través de Alejandro Álvarez Pedroza. Asimismo, Abanto habría solicitado de manera indirecta el pago de otros S/ 135.374.99”, indicó el fiscal Hamilton Montoro.
Abanto, quien ejerce su propia defensa, respondió que la fiscalía expone sus sospechas, pero no por qué debe ser detenido.
El año de Keiko Fujimori en prisión