Piden 36 meses de cárcel para Serrato, alcalde de Olmos y 8 personas
Encrucijada. Fiscalía sostiene que pese a estar suspendido como burgomaestre, Willy Serrato habría coordinado direccionar obras con regidor Adrián Arroyo y funcionarios a cambio de coimas.
La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque formalizó investigación preparatoria contra el exalcalde Willy Serrato Puse, el actual alcalde de Olmos y regidor, Adrián Arroyo Soplopuco, cuatro funcionarios y cuatro personas más por el presunto delito de organización criminal y solicitó 36 meses de prisión preventiva.
Así operaron...
El pedido comprende que la medida coercitiva se aplique a José Farfán Maza, gerente general; Jaime Cotrina Saavedra, subgerente de Desarrollo Urbano; José Távara Albán, subgerente de Logística y Darwin Soplopuco Sánchez, asistente de obras. La medida alcanza a los proveedores Jimy Uceda Ruelas, Alexandra Arriaga Benavides, Junior López Ramón, Fabricio Calderón Ubillús y Karina Torres Tafur.
La fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe acusó a Willy Serrato de gestar y liderar una organización criminal dentro de la municipalidad de Olmos desde inicios de este año, en complicidad con funcionarios, para concretar y direccionar las adquisiciones de obras, bienes y servicios.
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Para esto utilizaban proformas irregulares y falsas para seleccionar a proveedores del entorno de Willy Serrato, quienes para no ser identificados utilizaban a terceras personas.
Según la Fiscalía, este modus operandi de corrupción se originó con Willy Serrato y continuó con la gestión de Adrián Arroyo Soplopuco. Sobre esto, la investigación aclara que Serrato pese a estar suspendido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por una sentencia de cuatro años de prisión suspendida por malversación de fondos, continuó coordinando con sus funcionarios y el nuevo alcalde Adrián Arroyo el direccionamiento de procesos de licitación, que en su mayoría fueron por contratación directa.
Estos hechos y el pedido de prisión preventiva se sustentan en las declaraciones de tres colaboradores eficaces, testigos protegidos, requerimientos de compra, comprobantes de pagos girados a proveedores y diálogos de WhatsApp.
Tanto colaboradores como testigos coinciden en que Serrato y Arroyo habrían dispuesto los recursos económicos del municipio para requerir bienes y servicios a favor de proveedores seleccionados, previo pago de coimas.
Ellos son investigados también por colusión, cohecho pasivo propio y falsedad ideológica.