El exministro de Relaciones Exteriores Oscar Maúrtua de Romaña sostuvo este martes que tras la disolución constitucional del Congreso, ocurrida el pasado 20 de setiembre, en el país no se ha alterado la legalidad, del mismo modo que la legitimidad se mantiene “preservada”.
El excanciller durante la gestión de Alejandro Toledo, es más, destacó que esta percepción no haya sido contradicha en el ámbito internacional, pues subrayó que no se han emitido pronunciamientos oficiales de ningún país o ente internacional cuestionando la medida adoptada por el jefe de Estado, Martín Vizcarra.
“En toda democracia existen diferencias de opinión respecto a la hermenéutica jurídica, aunque, también, debo destacar que la legalidad y la legitimidad se mantienen preservadas”, indicó el excanciller Maúrtua.
Además, el diplomático señaló que esta percepción de legalidad y legitimidad es compartida “por la comunidad internacional”.
"Ningún Estado u organismo internacional ha señalado lo contrario; con lo cual se ha fortalecido la primacía de la realidad”, destacó el exministro.
En este marco, Maúrtua manifestó estar de acuerdo con la sugerencia de la Organización de Estados Americanos para que sea el Tribunal Constitucional el encargado de dirimir la constitucionalidad de la disolución del Congreso.
En un comunicado, es preciso indicar, la OEA saludaba que, luego de la disolución del Congreso, el presidente Martín Vizcarra haya convocado a elecciones legislativas en un plazo de cuatro meses, tal y como lo señala la Constitución.
De parte del exministro Maúrtua, por otro lado, este consideró que “los peruanos tenemos que reconciliarnos civilizadamente” para terminar con las confrontaciones. Para esto, es necesario por “de lado los estados de ánimo”, a fin de "comprometernos a trabajar con ánimo de Estado por el desarrollo que merecen nuestros conciudadanos.
El último 30 de setiembre, el presidente de a República, Martín Vizcarra, haciendo uso de las atribuciones que le brinda la Constitución, dispuso la disolución del Congreso luego de que este le negara la confianza al ex primer ministro Salvador del Solar, quien planteó la medida para que la representación nacional para que se reconsiderara la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional en un proceso más transparente que permita, a su vez, la participación de la ciudadanía a través de tachas y el mejor conocimiento de los perfiles y hojas de vida de los candidatos.