Van por más
54 días de demora y menos de 4 horas de debate para el archivo.
Luego de la truculenta sesión de la Comisión de Constitución que decidió enviar al archivo la propuesta de adelanto de elecciones presentada por el Gobierno es correcta la afirmación de que la actitud del fujimorismo y sus satélites no es constitucional sino exclusivamente política, irrespetuosa de los procedimientos y de las formas democráticas. Ello no emana solo del texto del dictamen sino de la actitud grosera con la que se comportó la mayoría en ese grupo de trabajo antes y después de la sesión.
El guion de la estrategia parlamentaria exigía que el presidente del Congreso ofreciese una rama de olivo al presidente luego de la bofetada, aunque fiel a sus instintos volvió a la carga minutos después. También lo hicieron los parlamentarios de Fuerza Popular que de inmediato se han puesto a hurgar en la cocina de Palacio de Gobierno y en la portería para saber cómo y quiénes participaron en la reunión del Consejo de Ministros.
La maquinaria de la mayoría parlamentaria es una sola. Se ha empeñado en sacar adelante el objetivo de que el Pleno del Congreso no debata el adelanto electoral –¡vaya llamado al diálogo cuando se ha mutilado el diálogo en el Congreso!– disciplinando a los grupos parlamentarios que hace semanas adelantaron que sí estaban de acuerdo con el adelanto electoral (Alianza para el Progreso, APP) y a quienes sostenían que el Pleno del Parlamento debería debatir el caso (Contigo).
Esa maquinaria, afiatada, va por más. Se prepara para perpetrar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional sin consenso, a pesar de las respetables advertencias de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH); y en un descuido, los mensajes de chat de la bancada fujimorista han dejado ver la altura de sus miras: la vacancia presidencial.
Ha hecho bien el Gobierno en llamar a los ciudadanos a expresarse. Su participación es decisiva para darle salida a esta crisis. No obstante, la respuesta del Ejecutivo no ha estado a la altura de la ofensiva de un sector que pretende seguir trabando el desarrollo del país y protegiendo la corrupción. Es entendible que la adopción de medidas implique debate y arreglos institucionales. También es aceptable que se realicen conversaciones, aunque es necesario que si se instala un diálogo este sea de cara al país. Debe quedar claro, sin embargo, que la primera obligación del Gobierno es responder al desafío de la mayoría parlamentaria adoptando una medida firme que permita el adelanto de elecciones y que cese la obstrucción. Es su principal responsabilidad.
