Por: César Romero
Keiko Fujimori podría salir en libertad a fin de mes. Incluso con la actual composición del Tribunal Constitucional. El reciente acuerdo plenario de la Corte Suprema sobre la prisión preventiva incrementó la posibilidad de que se revoque la prisión que cumple desde el 30 de octubre del 2018.
Sin embargo, el clima confrontacional de Fuerza Popular en el Congreso está jugando en contra de sus intereses personales.
La semana que concluye comenzó en el TC con un clima favorable a su libertad. Con la disminución del plazo de prisión preventiva y el acuerdo plenario podía llegar a cinco votos a su favor. Pero el viernes cerró a la baja.
Ni siquiera es seguro que la audiencia para evaluar el hábeas corpus que presentó Sachi Fujimori, prevista para el miércoles 25 de setiembre, se llegue a realizar.
Según diversas fuentes, en este momento, tres magistrados están definitivamente a su favor: Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero Costa. Carlos Ramos Núñez tiene dudas. Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda aún no tienen una posición definida.
“La actitud beligerante y antidemocrática del fujimorismo y sus aliados en el Congreso no favorece la liberación de Fujimori. Apresurar la renovación del TC y frustrar el adelanto de elecciones no le ayuda”, indicó un funcionario del TC.
Hasta el viernes no había un proyecto de resolución del hábeas corpus. Un proyecto que Ernesto Blume, ponente en esta causa, debía preparar.
Ante esta indefinición, el viernes, Sardón propuso que al haberse convocado al Pleno del Congreso para elegir a los nuevos integrantes del TC, el 30 de setiembre, ya no deberían continuar con las audiencias públicas.
Esto incluye suspender la audiencia del 25 de setiembre del caso Keiko Fujimori. Blume ha convocado a un pleno el martes 24 de setiembre para definir este tema. Otros magistrados creen que se debe seguir trabajando hasta el último día.
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A excepción de Ferrero Costa, seis magistrados ya cumplieron el periodo para el que fueron elegidos. Para ellos, rechazar de manera total el hábeas corpus de Keiko Fujimori les favorece, ante la opinión pública.
En un clima confrontacional, son pocos los beneficios de votar a favor de la libertad de Fujimori y ya no tendrían tiempo para recuperarse.
El juez Richard Concepción Carhuancho y la 2ª Sala Nacional de Apelaciones, que preside el juez César Sahuanay, impusieron prisión preventiva a Keiko Fujimori por obstruir la investigación por lavado de activos, al recibir aportes de la constructora Odebrecht, el 2011.
Los jueces fijaron inicialmente el plazo de privación de libertad preventiva en 36 meses, conforme a la solicitud del fiscal del Equipo Especial, José Domingo Pérez Gómez.
Por mayoría, el 12 de setiembre último, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema redujo los tres años de prisión preventiva a solo 18 meses. Fujimori ya ha cumplido 11 meses en prisión y sale el 30 de abril del 2020.
La resolución de la Corte Suprema recuerda y enfatiza que la prisión preventiva se dio por obstrucción a la investigación del fiscal Pérez. Esto suponía que la prisión preventiva buscaba dar un tiempo determinado y prudencial, no indefinido, a la Fiscalía para encontrar y preservar una serie de pruebas.
Por eso redujo el plazo y, además, señalaron que la investigación comenzó el 25 de octubre del 2015, no recién el día que fue detenida, por lo que el Estado ha tenido casi cuatro años para buscar las pruebas.
En este sentido, los jueces de la Corte Suprema dicen que la defensa de Keiko Fujimori puede solicitar un cese de la prisión preventiva donde se revalúe cuánto tiempo más necesita el Equipo Especial para encontrar las pruebas de lavado de activos.
El acuerdo plenario de la Corte Suprema enfatiza estos aspectos sobre la prisión preventiva por peligro de obstaculización y agrega que 36 meses de prisión preventiva es demasiado plazo en un régimen democrático.
Le piden al fiscal ser célere y ágil. Además, citan un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la justicia boliviana, que indica que frente a personas políticamente activas hay otros derechos que preservar: su participación democrática en los asuntos políticos.
Hay quienes piensan que la Suprema buscó darle una mano al TC en el caso Keiko Fujimori, al minimizar el peligro de obstrucción. De allí que, en los últimos días corre el rumor de que el Congreso solo tendría que cambiar dos magistrados para asegurar la libertad de la “Señora K”.
- Ernesto Blume Fortini
- José Luis Sardón de Taboada
- Augusto Ferrero Costa
- Carlos Ramos Núñez
- Eloy Espinosa-Saldaña
- Marianella Ledesma Narváez
- Manuel Miranda Canales
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