Congreso no remite información de la Comisión Lava Jato a la Fiscalía desde febrero

La ignoran. El Congreso de la República no envía la información que, desde hace meses, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, viene solicitando de manera reiterativa al presidente del Legislativo, desde que este cargo era ocupado por Daniel Salaverry hasta la fecha, que lo ocupa Pedro Olaechea.

El pedido de la titular del Ministerio Público es claro preciso: necesita la información que sustenta las acusaciones que el informe final en mayoría de la Comisión Lava Jato, que presidió la fujimorista Rosa Bartra, para proseguir con las investigaciones.

La historia se remonta al tiempo de Pedro Chávarry frente a la Fiscalía, cuando en noviembre de 2018, Salaverry le remitió una copia del informe final de la comisión Bartra, en el cual se acusaba a altos funcionarios de cometer actos de corrupción.

Pero demás, el entonces presidente del Congreso le remitió también el acta de la sesión del 9 de noviembre del 2018, en la que se aprobaron las conclusiones del informe Lava Jato.

El documento recomendaba investigar 10 obras y los servidores MyWebDay y Drousys de Odebrecht, es decir 11 casos. El Ministerio Público, sin embargo, para proceder con las pesquisas, necesitaba la documentación que sustentara las acusaciones en torno a los proyectos.

Tras la renuncia de Pedro Chávarry luego de su infructuoso intento por separar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del caso Lava Jato, el informe de la comisión Bartra pasó a ser visto por la fiscal Zoraida Ávalos.

La doctora Ávalos, sin embargo, se encontró con una situación casi nada promisoria: durante la breve gestión de Chávarry, se había dispuesto investigar unos expedientes sin contenido.

Esta situación movió a la titular del Ministerio Público a remitir 8 de los 11 casos que recomendó la comisión Bartra al Equipo Especial Lava Jato. Los 3 restantes, sin embargo, se quedaron en el despacho de la Fiscalía de la Nación.

Laxo en pruebas documentales, el informe de la Comisión Bartra planteaba una adversidad a la fiscal Zoraida Ávalos que la magistrada intenta superar desde febrero de este 2019, con infructuosos resultados.

El 25 de febrero —una semana después de derivar los casos al Equipo Especial—, la fiscal Ávalos pidió al Congreso información sobre las denuncias constitucionales que se aprobaron en la Comisión Lava Jato, específicamente las vinculadas a los casos Proyecto de Irrigación Olmos, Centro de Convenciones Lima y Gasoducto Sur Peruano.

Para que haya acusaciones, se infiere, tiene que haber definitivamente pruebas- Es decir, el sustento que la fiscal de la Nación necesita para proceder con las investigaciones.

Sin embargo, hasta la fecha el Congreso no ha remitido respuesta a la fiscal Ávalos. Desde entonces, cada mes, la titular del Ministerio Público reitera su pedido.