Política

Fiscal: ¿Dónde están las denuncias y pruebas de la comisión Bartra?

Misterio. Desde febrero, la fiscal de la Nación pregunta por el trámite y destino de las conclusiones y anexos del informe de la comisión Bartra, sobre el caso Lava Jato. Hasta hoy no tiene respuesta. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales informó que lo devolvió a presidencia del Congreso.

El dato. La comisión investigadora del caso Lava Jato, que presidió la congresista Rosa Bartra, tuvo un costo de 6,5 millones de soles, sin que hasta hoy haya tenido alguna utilidad.
El dato. La comisión investigadora del caso Lava Jato, que presidió la congresista Rosa Bartra, tuvo un costo de 6,5 millones de soles, sin que hasta hoy haya tenido alguna utilidad.

Por: César Romero

La tarde del viernes 14 de diciembre del 2018, la congresista fujimorista Rosa Bartra subió al ascensor privado de la Fiscalía de la Nación, desde el sótano del edificio del Ministerio Público hasta el piso nueve, para reunirse en privado con el entonces fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry.

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La visita nunca se registró y los motivos nunca han quedado esclarecidos. Al trascender la visita, Bartra explicó que lo hizo como presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, para hablar de la reforma del sistema de justicia.

Otras fuentes hablaron de que entregó un “ultimátum” a Chávarry para que separe a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial del caso Lava Jato, lo que intentó realizar infructuosamente el 31 de diciembre del 2018.

Ahora se sabe, Bartra también exigió a Chávarry dar trámite al informe en mayoría de la Comisión Investigadora Multipartidaria, encargada de investigar los presuntos sobornos de las constructoras brasileñas en el Perú, que ella había presidido.

El 13 de noviembre del 2018, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, había remitido a Chávarry una copia del informe final de la comisión Bartra que acusaba a diversos altos funcionarios públicos de actos de corrupción.

Además, el acta de la sesión del 9 de noviembre del 2018, donde se aprobaron las conclusiones del informe en mayoría de la comisión que presidió la congresista Bartra.

El documento solicitaba investigar 10 proyectos de infraestructura en el país, más los servidores de Odebrecht, MyWebDay y Drousys, en total 11 casos, y formulaba acusaciones contra diversos altos funcionarios públicos.

El Ministerio Público no podía hacer mucho con esa información, a la espera de la documentación sustentatoria de las acusaciones aprobadas.

Chávarry en acción

Además, se consideró que, si en el caso de los altos funcionarios públicos el objetivo es que la Fiscalía investigue y formule acusación ante el Congreso y la Comisión ya había concluido y recomendado realizar diversas acusaciones constitucionales, el trabajo de la Fiscalía sería repetitivo.

Se tenía que revisar la documentación y las pruebas en detalle para tomar una decisión. Pero, cómo en otros temas, Chávarry no escuchó a sus asesores ni a sus colaboradores de confianza.

El viernes 21 de diciembre, una semana después de la visita de Bartra, de manera apresurada, Chávarry dispuso que, en su propio despacho, las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos, de corrupción y las fiscalías comunes, inicien una serie de investigaciones vinculadas al caso Lava Jato.

Hasta allí llegó todo. Tras fracasar en su intento de separar a Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato, el 8 de enero, Chávarry renunció a la Fiscalía de la Nación.

El 10 y 22 de enero, las fiscalías de lavados de activos y las fiscalías anticorrupción le devolvieron al despacho de la Fiscalía de la Nación el informe de la comisión Bartra.

Los tres casos, Proyecto de Irrigación Olmos, Centro de Convenciones de Lima y Gasoducto del Sur, que permanecieron en el despacho de Chávarry, tampoco avanzaron. Les faltaba contenido.

Sin respuesta

Al asumir la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, se encontró con las disposiciones de investigar en unos expedientes vacíos de contenido. El 18 de febrero, dispuso reconducir todos los expediente por la vía regular: ocho casos fueron derivados al Equipo Especial.

Aunque sin la prueba documental, todo no pasa de ser un pequeño cúmulo de papeles sin ninguna utilidad ni valor.

Por ese motivo, la doctora Ávalos y su equipo de fiscales dispusieron requerir información al Congreso sobre el trámite y estado de las denuncias constitucionales aprobadas por la comisión Bartra.

Ávalos preguntó específicamente por las recomendaciones efectuadas sobre el Proyecto de Irrigación Olmos, el Centro de Convenciones Lima y proyecto de seguridad energética Gasoducto Sur Peruano. Si hay una acusación aprobada, deben haber pruebas. Esas se necesitan.

Hasta el día de hoy, los escritos remitidos a Daniel Salaverry y el actual presidente Pedro Olaechea no han tenido respuesta. El 25 de febrero, la fiscal de la Nación realizó el primer pedido al entonces presidente Daniel Salaverry. Lo reiteró el 6 de marzo del 2019.

Peloteo

Ese mismo día, el oficial mayor del Congreso, Gianmarco Paz Mendoza, le remitió un informe del especialista parlamentario de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Guillermo Haro Echegaray.

Según el especialista, el 15 de noviembre del 2018, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le devolvió al presidente del Congreso el informe final y los anexos de la comisión Bartra.

El congresista César Segura, presidente de dicha comisión, indica que procede a devolver el informe Bartra, al no haberse seguido el trámite previsto para una acusación constitucional, ni haberse ingresado los documentos por Mesa de Partes.

También indicaron a la fiscal de la Nación que el tema sería evaluado en el Consejo Directivo, para darle una respuesta más puntual, pero eso nunca ocurrió. Desde entonces, cada mes, la fiscal de la Nación reitera su pedido al Congreso.

Una copia en la casa de Vicente Silva Checa

Los intentos de La República por tener una opinión de la congresista Rosa Bartra y del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, sobre la actual situación del caso Lava Jato, para este artículo, resultaron infructuosos.

El 29 de octubre del 2018, con 77 votos, el pleno del Congreso acordó levantar la reserva del informe final de la Comisión Investigadora que presidió la congresista Rosa Bartra. En el documento se exculpa de toda responsabilidad al Gobierno del expresidente Alan García y la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

El Congreso tomó esta decisión, luego de que el fiscal del Equipo Especial José Domingo Pérez encontró copias de dicho informe y otros documentos de la Comisión, en un allanamiento judicial a la casa de Vicente Silva Checa, uno de los colaboradores de Keiko Fujimori, también investigado por el delito de lavado de activos.

Casos remitidos a Fiscalía

- Proyecto de irrigación Olmos.

- Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil.

- Sistema Eléctrico de Transporte de Lima, línea 1, tramos 1 y 2.

- Proyecto Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima.

- Central Hidroeléctrica de Chaglla.

- Hospital Antonio Lorena del Cusco.

- Centro de Convenciones de Lima.

- Proyecto Chavimochic III.

- Gasoducto Sur Peruano.

- Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergética del Ato Piura..

- Investigar los sistemas MyWebDay y Drousys de Odebrecht.

Oficios sin respuesta

El exfiscal de la Nación Pedro Chávarry recibió una copia del informe y dispuso una apresurada investigación de las conclusiones de la comisión Bartra, sin requerir anexos y pruebas.

El exfiscal de la Nación Pedro Chávarry recibió una copia del informe y dispuso una apresurada investigación de las conclusiones de la comisión Bartra, sin requerir anexos y pruebas.

Fiscal: ¿Dónde están las denuncias y pruebas de la comisión Bartra?

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Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, recondujo el caso al Equipo Especial y pidió información sobre el destino de las conclusiones de la comisión Bartra.

Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, recondujo el caso al Equipo Especial y pidió información sobre el destino de las conclusiones de la comisión Bartra.

En marzo, Daniel Salaverry respondió que el informe no ingresó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

En marzo, Daniel Salaverry respondió que el informe no ingresó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

El oficial mayor Gianmarco Díaz comunicó que la Subcomisión de Acusaciones no aceptó el informe de la comisión Bartra.

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En noviembre del 2018, César Segura devolvió el expediente al no seguirse el procedimiento de ingreso y acusación.

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El 5 de septiembre, se remitió una nueva solicitud al actual presidente del Congreso, Pedro Olaechea.

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