Por: Wilber Huacasi
La Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Fuerza Popular, presenta un balance desalentador en lo que va del presente periodo parlamentario: de los seis casos que asumieron con facultades especiales de investigación, cinco se encuentran estancados, ya sea por no tener informes aprobados en el Pleno o porque sencillamente dejaron vencer los plazos otorgados.
La responsabilidad de estos retrasos recae principalmente en quienes presidieron esta comisión en estos tres años; es decir, los parlamentarios fujimoristas Héctor Becerril (2016), Rolando Reátegui (2017), Luis López Vilela (2018) y su sucesor Marco Miyashiro (2019).
Esta comisión cuenta con un equipo de nueve asesores y asistentes, demandando un presupuesto mensual de 58 mil soles. Significa esto que en tres años han gastado un promedio de dos millones de soles, sin mayores resultados.
Apenas había iniciado el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el primer caso de corrupción que estalló en los medios corresponde al exasesor Carlos Moreno, quien intentó favorecer a clínicas privadas a través del Sistema Integral de Salud (SIS).
El 20 de octubre del 2016, el Pleno aprobó otorgar facultades investigadoras a la Comisión de Fiscalización, presidida entonces por Héctor Becerril.
La comisión presentó un informe el 14 de junio del 2017. Mauricio Mulder, miembro del grupo, deslizó que Kuczynski había incurrido en ocultamiento, por lo cual sugería trasladar los actuados al Ministerio Público. El siguiente paso, entonces, tenía que ser la aprobación del texto en el Pleno. Esto último nunca ocurrió.
Algo similar pasó con la investigación sobre la muerte de Emerson Fasabi. El Congreso otorgó facultades a Fiscalización en mayo del 2017 y Rolando Reátegui asumió la conducción en las indagaciones.
El grupo entregó un informe el 12 de febrero del 2018, concluyendo que Fasabi falleció supuestamente por participar en la sustracción de las agendas de Nadine Heredia. Asimismo, establecen que Ollanta Humala habría incurrido en los presuntos delitos de encubrimiento real y obstrucción a la justicia.
Nuevamente, el siguiente paso debió haber sido la aprobación del informe en el Pleno, pero esto tampoco se dio. El documento sigue encarpetado.
En tanto, este año la Fiscalía archivó una investigación contra Humala y Heredia, por el caso Fasabi, sin contar con los supuestos insumos de la comisión. El abogado Alberto Otárola considera que el informe “es tan débil e inconsistente que sus propios autores no han tenido la iniciativa de presentarlo ante el Pleno; les avergüenza un informe tan lleno de mentiras”.
La Comisión de Fiscalización también asumió otras tres investigaciones, pero los avances, a la fecha, son desalentadores.
En mayo del 2017 acordaron investigar la concesión del aeropuerto de Chinchero por un plazo de 90 días. Han pasado dos años y no hay resultados.
En setiembre del 2018 decidieron investigar las irregularidades en el hospital Rebagliati y en EsSalud. El plazo era de 120 días y ya venció en febrero. Similar situación se presenta con la investigación del Proyecto Especial Alto Piura, cuyo plazo de 120 días venció en abril y el grupo pidió una ampliación.
La responsabilidad del retraso en estos tres casos recae en los fujimoristas Luis López Vilela y Marco Miyashiro.
- ”En el cuarto del presente periodo parlamentario, la presidencia de la Comisión de Fiscalización recayó en el fujimorista Segundo Tapia.
- Este parlamentario anunció que pedirá un “pleno temático”. El objetivo es lograr una nueva ampliación de los plazos ya vencidos para seguir investigando la concesión del aeropuerto de Chinchero y el caso sobre las irregularidades en el hospital Rebagliati y EsSalud.
- El legislador no precisó si insistirán con la sustentación de los informes del caso Carlos Moreno y la muerte de Fasabi.
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