Por: Wilber Huacasi
Llegamos al mes y medio desde que el presidente Martín Vizcarra tramitó el proyecto de reforma constitucional para adelantar elecciones y el debate, tal como ha planteado la congresista fujimorista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución del Parlamento, sigue a paso de procesión, con miras a llegar, sin dictamen, al morado mes de octubre.
Ayer el congresista Marco Arana, miembro de la bancada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Constitución, formalizó su adhesión al pedido escrito que habían tramitado un día antes los grupos Nuevo Perú, Bancada Liberal, Peruanos por el Kambio y Unidos por la República para que Bartra garantice la aprobación del dictamen en el actual setiembre.
El legislador Yonhy Lescano, de Acción Popular, propuso el martes último ir por la vía de las dos legislaturas. Esto para aprobar la reforma constitucional como máximo en octubre.
En diálogo con este diario, Lescano adelantó que la próxima semana, ante la notoria estrategia dilatoria de Bartra, pedirá la exoneración del dictamen de la Comisión de Constitución para que el texto pase a debate y votación directamente ante el Pleno del Parlamento.
De hecho este trámite tiene que formalizarse en la Junta de Portavoces. El legislador Lescano adelantó que personalmente hará este planteamiento en esta instancia del Congreso.
Ayer por la tarde, la citada presidenta de la Comisión de Constitución citó el artículo 77 del Reglamento del Congreso, al ser consultada por Canal N sobre cuándo emitirán el dictamen sobre el adelanto de las elecciones generales.
La parlamentaria fue más explícita al señalar que dicho artículo les da un plazo de hasta 30 días hábiles para dictaminar. Según esta lógica, la comisión que dirige recién tendría un dictamen a mediados de octubre.
Se advierte entonces una notoria estrategia planteada por Bartra y el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, quien envió la solicitud de opinión a la Comisión de Venecia.
De momento, la agenda de Bartra contempla una sesión el próximo martes para escuchar a economistas. Luego recién volverán a tener una reunión extraordinaria el lunes 23 de setiembre para escuchar a la delegación de la Comisión de Venecia que llega a Lima.
Esta instancia recién sesionará los días 11 y 12 de octubre y aún no hay nitidez sobre cuándo emitirán un pronunciamiento. Entre tanto, luego del 23 de setiembre, los congresistas se tomarán el fin de mes para sus viajes cotidianos a las regiones, como parte de la semana de representación, postergando aun más el debate del proyecto del adelanto de las elecciones.
Sobre los plazos de la Comisión de Venecia, el abogado Carlos Rivera Paz recordó ayer que esta instancia demoró cuatro meses cuando se les consultó sobre la matanza de El Frontón.
Mientras tanto, ayer se presentaron ante el grupo dirigido por Bartra cuatro abogados para analizar la constitucionalidad del proyecto de reforma de Vizcarra, sobre el recorte del mandato presidencial y congresal.
De los cuatro invitados, tres opinaron en la línea de lo que esperaba el fujimorismo y sus aliados, es decir, restando validez constitucional al texto presentado por Vizcarra. ¿Quiénes fueron? El excongresista Natale Amprimo, el constitucionalista Anibal Quiroga y el exaprista y expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Mesía Ramírez.
Amprimo consideró que quienes defienden la constitucionalidad del adelanto de las elecciones “tienen una visión limitada del tema constitucional”.
Quiroga, en tanto, enfatizó en que el Congreso es el único poder encargado de hacer una reforma constitucional y esa potestad debe ser ejercida con libertad. “Solo el Congreso puede hacer la reforma constitucional. Si el Congreso es el único ente para hacer una reforma constitucional, ¿esta puede ser forzada? Yo creo que no”, apuntó, en referencia a los mecanismos que estaría evaluando el Poder Ejecutivo con la cuestión de confianza.
A su turno, el abogado de cercanía con el aprismo Carlos Mesía Ramírez deslizó que si el Congreso aprueba la reforma para el adelanto de las elecciones que plantea el Ejecutivo se estaría sumando a un supuesto “golpe de Estado”.
Incluso, al ser consultado sobre el antecedente aprobado por este mismo Congreso para prohibir la reelección inmediata, el abogado consideró que los parlamentarios que están en contra de la decisión podrían tramitar una demanda para que el TC resuelva la constitucionalidad de esta decisión.
Mesía sostuvo que si bien existe una crisis política, en su opinión esta ha sido generada por el presidente Vizcarra. “De alguna manera el presidente está señalando que es incompetente”, dijo.
En esa línea, el abogado deslizó que la salida constitucional a esta crisis sería la renuncia del actual mandatario. “Si el presidente cree que hay una crisis y que no puede gobernar, entonces que renuncie”, expresó.
Más polémica resultó su intervención cuando se refirió a los alcances de la participación de la ciudadanía en esta etapa de la crisis o a estas alturas del periodo del mandato presidencial y congresal. Mesía se dirigió a los congresistas y les señaló que no están obligados a hacerle caso al pueblo.
“Ustedes no tienen que hacerle caso al pueblo, porque el pueblo no sabe lo que es el bien común, los políticos saben lo que es el bien común, y el bien común es que las instituciones prevalezcan, que las instituciones permanezcan”, expresó.
Esta parte de su declaración generó una serie de reacciones ayer en las redes sociales. Tal vez su lógica puede ser reforzada por otro mensaje escrito por este abogado días atrás en Twitter: “En este momento el pueblo no tiene derecho a nada. Se equivocó al elegir el Parlamento que tiene, si quiere verlo así. Por ahora solo tiene que aguantar hasta nuevas elecciones que son cada cinco años” .
Consultada sobre la solicitud que enviaron a Bartra para priorizar la aprobación del dictamen en setiembre, la parlamentaria Patricia Donayre (Unidos por la República) expresó que el martes próximo pedirán que se someta a debate el pedido.
La legisladora hizo énfasis en lo señalado días atrás por los representantes de los organismos electorales. “Aquí todo depende de la voluntad política. Cuando hay voluntad política, se puede ajustar los plazos”.
Y es que con la información deslizada por el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Manuel Cox, sobre los 90 días mínimos para realizar un referéndum, los escenarios varían, en el entendido de que la convocatoria para esta consulta tendría que efectuarse en setiembre, para que se desarrolle en diciembre, tal como proponía el Ejecutivo.
Además, el mismo titular de la ONPE dio cuenta de 150 días como mínimo para el desarrollo de unas elecciones generales. Es decir, la convocatoria tendría que realizarse aproximadamente el 20 de noviembre.
Por lo demás, además de la reforma constitucional, queda pendiente en el Congreso el debate y aprobación de otras dos iniciativas que podrían entrampar el adelanto electoral: por un lado, se debe tomar una decisión con respecto a la modificación efectuada a la normatividad vigente que afecta el derecho de sufragio en el exterior.
En segundo lugar, el Parlamento tiene que tomar una decisión sobre las reglas de juego que serán utilizadas para el proceso de democracia interna, para efectos de la elección de los eventuales candidatos.
- 17 de setiembre. Bartra citó para este día a economistas, para que opinen sobre la propuesta del adelanto electoral.
- 23 de setiembre. En sesión extraordinaria, los congresistas escucharán a representantes de la Comisión de Venecia que llegan a Lima.
- 24 al 27 de setiembre. Los congresistas se van de viaje a sus regiones por semana de representación.
- 11 y 12 de octubre. Sesiona la Comisión de Venecia y recién después Rosa Bartra plantea sacar el dictamen.
- Carlos Mesía Ramírez - Expresidente del TC
“Lo hablo como ciudadano, como profesor universitario (y como extitular del TC): ustedes no tienen que hacerle caso al pueblo, porque el pueblo no sabe lo que es el bien común, los políticos saben lo que es el bien común, y el bien común es que las instituciones prevalezcan, que permanezcan”.
- Anibal Quiroga - Constitucionalista
“La situación actual es muy parecida a la del año 2000, porque en el año 2000 había una crisis. Las circunstancias eran muy complicadas. Cualquier intento de reforma que se tenga que hacer, para que sea legítima y viable, pasa por un acuerdo político. En el año 2000 se logró hacer ese acuerdo político”.
- José Cairo Roldán - Constitucionalista
“En mi opinión, la constitucionalidad del proyecto está plenamente acreditada. Acortar el mandato congresal y del presidente no convierte al Perú de un país con régimen semipresidencial a uno parlamentario. No asigna a un poder del Estado más de una función política. No cambia el régimen político”.
- Natale Amprimo - Excongresista
“No se puede interpretar que se puede reformar todo. Que como el artículo 206 contempla un mecanismo de reforma y no fija unos límites sustantivos, entonces, bajo el argumento de que yo puedo proponer cualquier modificación, yo puedo por la ventana entrar y desnaturalizar la Constitución”.