Fuga comandante PNP (r) acusado de liderar “escuadrón de la muerte”
Fuera de la ley. Raúl Prado Ravines había sido citado para que escuchara la resolución judicial sobre el pedido de la Fiscalía de 36 meses de prisión en su contra por el caso de la ejecución extrajudicial de 33 sospechosos durante operativos policiales que él planificó. Su abogada afirmó que no se presentó porque temía ir a prisión. Juez ordenó su captura.
Informe - Doris Aguirre
El juez penal Víctor Zúñiga Urday ordenó la ubicación e inmediata captura del comandante PNP en retiro Raúl Prado Ravines, a quien la Fiscalía de Crimen Organizado atribuye haber dirigido ocho operaciones policiales en las que fueron abatidos a balazos 33 sospechosos, entre 2012 y 2015.
El magistrado citó a Prado a las 08:30 a.m. del jueves, pero el oficial de la Policía nunca apareció, sin embargo, la autoridad continuó con la lectura de los fundamentos del requerimiento de prisión preventiva por 36 meses.
Álvaro Rodas Farro, fiscal de Crimen Organizado, luego de investigar el caso durante tres años concluyó que el comandante en retiro Raúl Prado, con el consentimiento de sus superiores, consumó supuestas acciones policiales “exitosas” en las que siempre se registraba la muerte de presuntos delincuentes comunes.
De acuerdo con las pesquisas, Prado usaba informantes para emboscar a supuestos ladrones y secuestradores. Luego en conferencia de prensa sus superiores alegaban que estos habían muerto al enfrentarse a la Policía. Las víctimas suman 33.
El magistrado Víctor Zúñiga únicamente citó a Rául Prado para el jueves, para resolver el pedido fiscal de prisión preventiva por 36 meses, entre otras razones, porque era amenaza para la investigación fiscal y algunos testigos.
La abogada de Prado, Laura Solís Arandia, sí se hizo presente y argumentó que desconocía por qué no asistió su defendido. Y añadió que la última vez que conversó con él, le expresó su temor de que lo detuvieran inmediatamente después de que se diera lectura a la sentencia.
"¿Sabe usted dónde se encuentra?", preguntó el juez a la letrada.
"Desconozco, señor", contestó Laura Solís.
Práctica sistemática
En el transcurso de la audiencia, el magistrado Víctor Zúñiga informó que la solicitud de prisión para los otros 57 policías implicados en el caso se resolverá la próxima semana.
La Fiscalía de Crimen Organizado le imputa al comandante Raúl Prado haber planificado los operativos cuando se encontraba en diferentes dependencias, y que contó con el respaldo de algunos jefes policiales, los que aprobaban que se le asignara efectivos, vehículos y viáticos para el cumplimiento de las acciones.
Entre los involucrados se encuentran agentes de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) y de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN).
El propósito era simular efectividad en la lucha contra el crimen organizado, obtener mayores ingresos, condecoraciones y ascensos de grado, según la acusación fiscal.
En el tiempo que se consumaron los 9 casos de ejecuciones extrajudiciales, Prado estuvo asignado en la DIGIMIN, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN) y la División Contra el Crimen Organizado, adscrita a la Dirección contra el Terrorismo.
Entre los comprometidos se cuenta a un general, 12 oficiales y 45 suboficiales, incluyendo a Prado.
El fiscal Álvaro Rodas ha documentado la participación de Raúl Prado en los siguientes operativos policiales que saldaron con 33 presuntos delincuentes acribillados:
* 11 de junio de 2012, en Santa Anita.
* 6 setiembre de 2012, en La Floresta, Chincha.
* 18 de noviembre de 2012, en Puente Piedra.
* 4 de diciembre de 2013, en Chiclayo.
* 20 de setiembre de 2014, en Chincha.
* 29 de junio de 2015, en la carretera Ramiro Prialé, Lima.
Hay otros tres episodios con los que también estaría relacionado.
En sus declaraciones ante la Fiscalía, el comandante en retiro ha destacado que su especialidad es la inteligencia operativa para identificar y desmontar organizaciones criminales. Negó que se dispusiera la ejecución de los intervenidos e indicó que todos sus actos fueron reportados a sus superiores. Señaló que se le atribuye hechos en lugares donde estuvo, como en Piura.
En los operativos no había presencia de los fiscales
Uno de los fundamentos de la acusación del fiscal Álvaro Rodas contra Raúl Prado Ravines es que en ninguno de los operativos en los que intervino hubo presencia del representante del Ministerio Público.
Para el fiscal Rodas, la ausencia de dicha autoridad fue adrede para ocultar las ejecuciones extrajudiciales en agravio de 33 presuntos delincuentes.
Según la versión de Prado, los hechos ocurrieron "bajo un esquema de operativos preventivos o en flagrancia, esto es, cuando los sujetos son sorprendidos en plena acción delictiva", arguyó.
“Esto explica por qué operaciones policiales no contaron con la presencia de un representante del Ministerio Público”, expresó Raúl Prado.
