Los fiscales del Equipo Especial Lava Jato solicitaron a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que se pronuncie institucionalmente sobre la norma de financiamiento prohibido de organizaciones políticas ya que estaría atentando contra la lucha frontal anticorrupción y los actos de lavado de activos.
La solicitud fue emitida a través de un oficio por los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez, Norma Mori Gómez y Carlos Puma Quispe.
“Es factible que la ley N° 30997 puede ser instrumentalizada por las personas que actualmente se encuentran sometidas a investigaciones penales en el Equipo Especial dado la estructura normativa de los tipos penales contra la participación democrática”, se precisa en el documento, según Gestión.
Cabe precisar que esta nueva norma beneficiaría a las personas investigadas por el delito de lavado de activos pues contempla penas que van entre dos y cinco años. Ante esto, la nueva ley sobre financiamiento ilícito reduce la condena de diez a veinte años que se tenía.
Por ello, los fiscales advirtieron que la mencionada ley podría ser usada como “mecanismo de reducción penal" justo cuando el Ministerio Público ha formulado acusaciones y requerimientos vinculados a los aportes de partidos políticos.
El último jueves 6 de septiembre, la defensa del exasesor de Keiko Fujimori, Pier Figari, solicitó que su patrocinado tenga la adecuación de su proceso a la nueva norma de financiamiento.
Es decir, que las investigaciones de Figari por presunto lavado de activos ya no se realice bajo la ley de crimen organizado, sino por presunto financiamiento indebido.
De aprobarse este pedido, habrían otros beneficiados con esta ley. Entre ellos: Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Nadine Heredia, Susana Villarán y Luis Castañeda, quienes están siendo investigados por el caso Lava Jato.
Sobre este caso, el abogado penalista Carlos Caro explicó a RPP que esta ley puede ser utilizada por los abogados de los investigados a fin de conseguir penas reducidas.