El último 14 de agosto, el Poder Judicial sentenció al gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, a seis años de cárcel como coautor no ejecutivo de actos violentos en las protestas conocidas como el Aimarazo. La autoridad se encuentra en la clandestinidad, señalando que va a buscar agotar todas las instancias, tanto a nivel nacional como internacional.
Para RPP, Aduviri Calisaya rechazó la condena en su contra, considerando que no hay medios probatorios que demuestren su coautoría de los actos de violencia, pese a los 140 testimonios que obtuvo el Ministerio Público sobre el caso.
“Voy a tener que agotar todas las medidas legales que corresponden. Estamos en ese proceso”, indicó Walter Aduviri. “Posteriormente, vamos a tener que acudir a instancias internacionales”, añadió.
“Nosotros creemos en una justicia objetiva en donde debería de sentenciar con medios probatorios. El hecho de condenar simplemente leyendo algunos periódicos e información de inteligencia, creemos que no es un medio probatorio justificable”, sostuvo el gobernador regional, considerando que los testigos fueron del servicio de inteligencia “preparado por el gobierno de Alan García”.
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“No hay audio en donde ordeno a un tercero y ese ejecuta el delito”, señaló Aduviri. Durante las protestas del Aimarazo, se quemaron y saquearon diversas instituciones públicas en Puno. La sentencia incluye el pago de una reparación civil de 2 millones de soles.
Walter Aduviri se encuentra prófugo a raíz de la prisión preventiva por 15 días ordenada en su contra, previo a la condena. El gobierno regional de Puno fue encargado al vicegobernador Agustín Luque.