Ordenanza de MPCh en jaque con informes de Epsel, Salud y Policía
En manos de juez. Los documentos señalan que la circulación de carros de carga pesada genera un riesgo alto a la salud y al medio ambiente, mientras que las redes de saneamiento están en mal estado.
Lambayeque. Ary Hendrik Terrones Meléndez es el juez que decidirá si los efectos de la Ordenanza n.º 007 son anulados, tras la medida cautelar que interpuso la sociedad civil en el marco del proceso de amparo y al que se sumó la Defensoría del Pueblo con la presentación de informes que ponen en jaque la continuidad de la disposición edil aprobada por 12 regidores oficialistas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), el 30 de mayo de 2019.
Los documentos que obran en el Primer Juzgado Civil de Chiclayo, emitidos por la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel), la Gerencia Regional de Salud, la Policía Nacional y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), cuyas conclusiones van desde la vulneración de los derechos fundamentales de la persona en el tema de salud a un peligro para los transeúntes, respaldan la posición de los demandantes: Eder Medina Zelada y Jorge Carrasco García, quienes se oponen a la continuidad de la ordenanza que permite el acceso de transporte público de carga y descarga.
Saneamiento y salud
Empero ¿qué dicen los informes de Epsel y de la Gerencia de Salud? La empresa del agua emitió dos documentos, el 11 de junio y el 19 de julio de 2019.
La primera opinión técnica de la Gerencia de Proyectos y Obras sugiere que los técnicos del ayuntamiento chiclayano evalúen el estado situacional de las vías con el fin de garantizar la conservación de las redes.
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En tanto, en el último informe señala que si bien las vías seleccionadas por la ordenanza para el paso de los camiones reúnen condiciones superficiales de transitabilidad, no se tomó en cuenta el estado situacional de las redes de alcantarillado y agua potable, las que en su mayoría han sobrepasado su vida útil, siendo susceptibles ante el incremento de carga, generando fuga de agua y colapso no solo en la vía pública, sino también en el interior de los inmuebles.
Y afirma que el 50% de las redes de alcantarillado en zonas autorizadas para el desplazamiento de los vehículos pesados están en mal estado; mientras el 90% de las redes de agua potable se encuentran en regular situación.
Otro de los documentos que adjuntó el jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, es el Informe Técnico n.º 13 de la Gerencia Regional de Salud, el que concluye que la circulación de vehículos de carga pesada por el centro de las ciudades ocasiona un riesgo alto a la salud y al medio ambiente. Es por eso que recomienda cuantificar el riesgo sanitario y ambiental de aire y ruido en la zona donde existe el problema (en relación a las rutas consideradas en la ordenanza).
En ese sentido, precisa que el monitoreo debe realizarse en laboratorios acreditados por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), además plantea evaluar la vulnerabilidad física de las vías que se usan para carros de alto tonelaje.
Incluso afirma que la tendencia en las grandes ciudades es prohibir el tránsito pesado, pues debilitan o colapsan las instalaciones de agua y alcantarillado, generan emisión y resuspensión de material particulado, congestionan el tránsito, emiten ruidos molestos y pueden ocasionar accidentes de tránsito, lo que afecta a la población.
