Minjus espera informe de Fiscalía sobre investigaciones pendientes de Odebrecht
Trámite. Documento ayudaría a resolver el pago de S/ 524,5 millones que constructora reclama. Fiscal Vela confirma interrogatorio a Barata y Boleira para el 6 y 7 de agosto en Brasil.
Por Henry Cotos Campeán
La ejecución del acuerdo de colaboración y beneficios con Odebrecht sigue entrampada y se corre el riesgo de que sus exdirectivos dejen de declarar en las investigaciones en trámite. El Equipo Especial Lava Jato debe remitir el informe que le solicitó el Ministerio de Justicia (Minjus) sobre las investigaciones pendientes en la Fiscalía contra la constructora.
Sin embargo, anoche el fiscal superior Rafael Vela confirmó a nuestro diario su viaje a Brasil donde interrogará al exsuperintendente de Odebrecht en Perú Jorge Barata y a su sucesor Ricardo Boleira, los días 6 y 7 de agosto, en el marco del acuerdo de colaboración eficaz.
Según fuentes del Minjus, hasta el pasado viernes 26 no ingresó en mesa de artes el documento de la Fiscalía que resume todo lo actuado a nivel nacional por la institución.
La información es necesaria para la devolución o no a la constructora brasileña de los S/ 524,5 millones restantes del fideicomiso por la venta de la empresa Generación Huallaga S.A. (Hidroeléctrica de Chaglla).
Si el Minjus no entrega el importe tendría que intervenir la jueza María Álvarez Camacho, a pedido de la Fiscalía o la defensa de Odebrecht.
En Brasil trascendió que los abogados de Odebrecht han consultado a las autoridades de cooperación judicial de su país si pueden intervenir frente a una situación que incumpliría el acuerdo y la colaboración brindada a la Fiscalía peruana, al amparo de la colaboración judicial internacional.
La constructora considera que, si no se cumple con la devolución, la sentencia que aprobó el acuerdo será inejecutable y no garantiza la entrega de más información, ni que los colaboradores ratifiquen su versión. Alega que está al borde de la quiebra y necesita el dinero para pagar honorarios, el desplazamiento de colaboradores y a la empresa GR Compliance Consultoría, que maneja los softwares My Web Day y Drousys.
La controversia surge en la aplicación de la Ley 30737, que asegura el pago inmediato de la reparación civil al Estado peruano en casos de corrupción, a raíz del pedido que hizo Odebrecht para que se le entreguen los S/ 524,5 millones por la venta de Chaglla. El procurador Jorge Ramírez objetó la devolución.
Caso en manos de la Fiscalía
El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, manifestó que no atenderá el requerimiento de pago de S/ 524,5 millones en tanto el Ministerio Público no informe sobre los casos pendientes con Odebrecht.
Esa información también le permitirá conocer las retenciones a la empresa brasileña y las investigaciones y procesos penales en su contra.