El 3 de octubre del año pasado, el procurador anticorrupción, Amado Enco, presentó la denuncia constitucional N° 262 contra los fiscales vinculados a “Los Cuellos Blancos del Puerto”, Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez Monteza, y los jueces Martín Alejandro Hurtado Reyes, Gonzalo Romero de la Puente y Aldo Figueroa.
Los delitos imputados fueron tráfico de influencias, organización criminal y patrocinio ilegal, y se sostuvieron en las pesquisas realizadas por las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, quienes investigan a esta presunta red criminal de magistrados.
La acusación fue asumida por el congresista Gino Costa, quien la presentó oficialmente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por el fujimorista César Segura e integrada, en su mayoría, por parlamentarios de Fuerza Popular (FP).
Pese a las evidencias, el 29 de enero último, la comisión de Segura archivó tal imputación contra los tres fiscales supremos con votos, exclusivamente, de FP y el Apra. Los fujimoristas, a favor de encarpetar la acusación, fueron Luis Galarreta, Karina Beteta, Mario Mantilla, Milagros Salazar, Federico Pariona y, en caso del aprismo, Javier Velásquez Quesquén.
Solo votaron en contra los legisladores Oracio Pacori, de Nuevo Perú, y los entonces oficialistas Gilbert Violeta y Juan Sheput.
Coyunturalmente, por esos meses, los trascendidos apuntaron solo al fiscal Chávarry, quien fue acusado de obstruir la justicia para favorecer a la lideresa de FP, Keiko Fujimori, en el procesos que afronta.
Y evidencias hay para escoger: el intento de Chávarry Vallejos por boicotear el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y el ingreso a las oficinas lacradas por el fiscal José Domingo Pérez, a quien intentó destituir del Equipo Especial Lava Jato.
Sin embargo, actualmente, el contexto judicial y político, amerita rememorar que otro fiscal favorecido en sus acusaciones afrontadas en el Congreso, fue Rodríguez Monteza, quien el miércoles 3 adelantó que está a favor de la libertad de Fujimori Higuchi.
Como se sabe, este viernes la Corte Suprema revisará la casación referida a la prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular. El mes pasado, el juez Figueroa, quien integraba la sala encargada de este caso, se inhibió luego de difundirse nuevos audios que lo vinculaban al exmagistrado César Hinostroza.
Fuentes del Ministerio Público alertaron sobre la parcialidad de Figueroa en el caso Lava Jato, y precisamente con Fujimori Higuchi.
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Mientras que, por el lado de Rodríguez Monteza, al ser fiscal supremo, es el encargado de defender la posición del Equipo Especial respecto a la prisión preventiva de la excandidata fujimorista. Pero el fiscal ya adelantó opinión.
En las últimas audiencias sobre el caso Keiko, no se presentó. La misma actitud tuvo con la investigación contra Edwin Oviedo, también vinculado a “Los Cuellos Blancos”.
Pese a que el Equipo Especial demandó a Rodríguez Monteza inhibirse, como lo hizo Figueroa, pero este negó el pedido.
Y, en efecto, por la cronología de los hechos, la interrogante cae de madura. Con estar a favor de la libertad de Fujimori Higuchi, ¿el fiscal Rodríguez Monteza le está devolviendo un favor al fujimorismo por la imputación constitucional en su contra que archivaron en la Subcomisión?
Para el líder del Equipo Especial, Rafael Vela, la respuesta es lógica: estamos frente a un evidente acto “de obstrucción a la justicia”. “Por su evidente conflicto de interés, puesto tuvo una denuncia constitucional que fue archivada fundamentalmente con votos de Fuerza Popular", acotó a El Comercio.