Por: Alonso Collantes
El 10 de mayo último el juez Víctor Zúñiga Urday, en cuyo despacho tiene a cargo el caso Cócteles, aprobó el pedido del fiscal José Domingo Pérez para reubicar a los investigados Jaime Yoshiyama y Pier Figari en penales distintos del Castro Castro, donde supuestamente coordinaban.
A raíz de ello, sus respectivos abogados fundamentaron este viernes recursos para anular la decisión del magistrado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria ante la Segunda Sala de Apelaciones contra el Crimen Organizado, presidido por los jueces César Sahuanay, Jessica León e Iván Quispe.
Humberto Abanto, defensor legal de Yoshiyama, alegó así que Zúñiga no tenía competencia para elegir el penal a dónde debía ir el exsecretario de Fuerza 2011.
De acuerdo con la resolución, el juez ordenaba que su defendido sea recluido en Ancón II y Figari, en Huaral (penal de Aucallama). Este fue objeto de críticas de Abanto, asegurando que no era competencia del juez, sino del INPE, elegir a qué establecimiento penitenciario llevar a los investigados que cumplen prisión preventiva desde 2018.
La postura del fiscal adjunto superior del Equipo Especial Lava Jato, Hernán Mendoza, sin embargo, sostuvo que ello era irrelevante, pues al final el INPE determinó distintos penales para ambos. Jaime Yoshiyama ahora está preso en el penal Ancón I, y Figari, en la cárcel de Ancón II.
Al igual que con la defensa de Yoshiyama, Madeleine Reyes, abogada de Figari, expuso que la orden de traslados a otros penales debía eliminarse porque se basaba en la declaración del colaborador eficaz 2017-55-13.
Según leyó el fiscal Mendoza, el testimonio recogido por la Fiscalía el 4 de abril de este año, no solo reveló que Jaime Yoshiyama pidió guardar silencio a sus coinvestigados Luis Mejía Lecca y Pier Figari en el penal de Castro Castro.
Además de ello, el colaborador indicó que Humberto Abanto habló con Mejía Lecca conminándole también a que espere y no declare al Ministerio Público porque existía “buena expectativa” de la casación pendiente de resolver por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y busca la libertad de Keiko Fujimori.
Otro de los argumentos que contrapuso el fiscal Mendoza fue que no existió adelanto de opinión en la resolución de traslado de Víctor Zuñiga, pues al consignar en el documento que los investigados forman parte de una organización criminal, lo hace anteponiendo que ello es acorde con la postura del Ministerio Público, no de su judicatura.
La Segunda Sala de Apelaciones, al final, dejó al voto los recursos de Yoshiyama y Figari, por lo que dará su veredicto en el plazo de ley.