Cuando las parejas se divorcian, nadie quiere llegar a un juicio. Todos saben que un mal arreglo siempre es preferible a caer en las garras de un sistema corroído por la corrupción.,En el Perú la ley ha sido un arma de los poderosos. Esto ha ocurrido durante tanto tiempo que nos habíamos resignado a esa injusticia secular. El Poder Judicial es percibido como un lugar siniestro, al que es preferible no ingresar jamás. Para poner un ejemplo cotidiano que suelo escuchar en mi consultorio: cuando las parejas se divorcian, nadie quiere llegar a un juicio. Todos saben que un mal arreglo siempre es preferible a caer en las garras de un sistema corroído por la corrupción. Te devorará y te hará permanecer atrapado tanto tiempo como sea posible. Ahí todos ganan, abogados incluidos. Los únicos que pierden son los que quieren divorciarse. Si ahora nos trasladamos a lo que está sucediendo en el país, podemos entender el fastidio que producen los argumentos de quienes alegan que la propuesta del Gobierno para declarar en emergencia el MP es inconstitucional. Con cabeza fría, podemos darnos cuenta de que el día de mañana un régimen corrupto y golpista como el de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, puede vulnerar la Constitución para perpetuarse en el poder. Y que, sí, la ley es ineludible aunque su lentitud sea exasperante. Pero entonces, ¿qué hacer ante un congresista como Segura que alega, como cualquier escribano ávido de coima, que los expedientes de las acusaciones contra Chávarry tendrán que esperar su turno? La prioridad de Segura es, como es obvio, retrasar esas acusaciones lo más que se pueda, para que Chávarry siga en su puesto, protegiendo a Alan García y Keiko Fujimori. Obstruyendo la justicia con todos los medios a su alcance. Una de las consecuencias funestas de estas y otras actitudes, como las de la congresista Aramayo, conocida en Puno por exactamente lo opuesto del apego a la ley (“Todos queremos una reestructuración del MP, pero hay mecanismos constitucionales”), desesperan a la ciudadanía. Los golpes contra la corrupción han generado una esperanza de justicia inusitada, pero la recomposición de las mafias pone en riesgo ese anhelo. Esto se evidencia en el desafío de Chávarry: “Podrán hacer diez mil marchas, pero no podrán botarme”. Por eso los argumentos de los expertos legales, que nos enredan con sus farragosas explicaciones del camino a seguir, suenan huecos. No es que lo sean. Pero la ley peruana no ha sido formulada para facilitar la vida de los ciudadanos de a pie. La mejor prueba de esto es que muchas veces ni siquiera se entiende lo que dice. Cuando todo esto pase, Chávarry haya abandonado el puesto al que hoy se aferra con la angustia de que podría terminar en la cárcel con los demás “Cuellos blancos”, las revelaciones de Odebrecht confirmen lo que sospechamos, una de las reformas que será preciso emprender será esa. Que la ley sea un instrumento de administración de justicia para todos, no solo para quienes pueden contratar costosos estudios de abogados a fin de que los representen y hagan de intérpretes. Esto último en todas las acepciones del término: que todo habitante del Perú pueda pararse frente a un juez y se comunique fluidamente con ese funcionario que está a su servicio. No a la inversa.
