“El paso obligado de una conclusión que afirme que nuestro descentralismo ha llegado a un punto de incompetencia no habilita el retorno al centralismo, no solo viejo e inservible, sino obsoleto”.,Las regiones del Perú serán gobernadas por un grupo de autoridades en su mayoría electas bajo la sombra de la ilegitimidad y la sospecha de corrupción. Salvo un puñado de gobernadores, no se había visto una precariedad inicial tan aguda desde el inicio del proceso de descentralización, el año 2002. La idea de que a pesar de esta realidad las regiones iniciarán un nuevo período de gobierno de 4 años “sin problemas” es errada. El rasgo predominante de las gestiones que culminan este mes –otra vez con muy contadas excepciones, no más 3 o 4- es el fracaso, sin diferenciar los orígenes de derecha o izquierda de sus autoridades, o que las gestiones sean más o menos descentralistas, o poco o más tecnocráticas. La pregunta de si se había agotado el impulso descentralista del 2002 hace años era incómoda, esencialmente tratándose de una reivindicación tan cara a los pueblos, con raíces históricas asociadas a los reclamos de justicia social. Es más incómodo ahora negarlo. Al contrario, admitirlo es la condición básica del cambio. El paso obligado de una conclusión que afirme que nuestro descentralismo ha llegado a un punto de incompetencia no habilita el retorno al centralismo, no solo viejo e inservible, sino obsoleto. Por lo mismo, no debería esperarse que Lima piense en un cambio, sino que debe abrirse paso una reflexión sobre que este es el momento más crítico del proceso iniciado hace 16 años, y que se necesitan medidas urgentes para evitar una quiebra institucional adelantada, de lo que anuncian un sombrío aumento de la abstención electoral. Existe un corto plazo insoslayable; el acompañamiento de los primeros 180 días de las nuevas administraciones es necesario. La mayoría de los gobernadores elegidos no ha tenido contacto directo con las regiones o carecen de experiencia de gobierno, y una revisión de los planes de gobierno arroja la necesidad de una rápida apropiación de las políticas públicas nacionales y regionales, añadida a un problema aún más generalizado: la falta de recurso humano calificado para cubrir un creciente número de cargos de confianza. Solo una región fue ganada por el mismo grupo que triunfó el año 2014; en el resto de casos, fueron elegidos movimientos que habían postulado candidatos sin éxito en elecciones anteriores, y solo en tres casos retornan al poder anteriores gobernadores regionales. Desde ese punto del balance, la inclusión de la descentralización en el proceso de reforma política es ineludible. De otro modo no se entendería que la reforma del sistema político obvie problemas tan serios como la formación de la representación regional, las competencias no ejercidas, las debilidades de las políticas regionales, el consejo regional convertido en un Frankenstein, la inexistente rendición de cuentas y la participación, y la resistencia a la descentralización fiscal, entre otros. La derrota del grupo que gobernó dos períodos en Cajamarca es la debacle del regionalismo duro e ineficaz, así como que los caóticos casos de Piura y Ayacucho son la derrota del regionalismo pragmático aliado de los gobiernos nacionales. Entre ambos modelos se ubican emblemáticos casos de regiones que terminan este período en literal colapso, incluido aquellos que practicaban un partidismo regional con alcance nacional, a cargo de Alianza para el Progreso (APP), uno de cuyos gobernadores fue detenido hace unas horas. ¿Cuál sería el argumento básico para no incluir el proceso de descentralización en la reforma política? Una explicación podría señalar que la reforma de los partidos y del sistema de elección de autoridades de plano incidiría en las regiones. Es cierto eso, pero es más cierto que solo una parte de esta reforma se refiere a estas áreas, teniéndose una compleja agenda de normas, incluyendo reformas constitucionales, y otras decisiones que se encuentran particularmente en el ámbito de las relaciones entre las regiones y los poderes nacionales y de las regiones entre sí. De hecho, hay muchas más razones para incluir ahora a las regiones en la reforma política que razones para mirar a otro lado. http://juandelapuente.blogspot.com
