Dos propuestas para la segunda etapa de las reformas.,Se han propuesto varias iniciativas en la dirección de consolidar de modo práctico el resultado del referéndum del 9 de diciembre, entre ellas, la formación de una comisión especial para la reforma política y la realización de una legislatura extraordinaria del Congreso de la República. La creación de un grupo de trabajo que al más alto nivel elabore una iniciativa integral para encarar la segunda etapa de los cambios en el sistema político es crucial para fijar las prioridades en el ámbito constitucional y en la legislación ordinaria, una tarea para la que se han formulado sólidas propuestas desde varias instituciones y en el Parlamento mismo. Una de las urgencias es, por ejemplo, la aprobación, ahora sí, de un Código Electoral. Por otra parte, una legislatura extraordinaria permitiría debatir con racionalidad todas las iniciativas referidas a la etapa más urgente de la reforma de la administración de justicia sin las cuales no puede entenderse la reforma del CNM votada el 9 de diciembre. Dos normas son inexcusables para que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sea vigente y plena en el plazo más breve posible: la ley que establece las funciones de la comisión especial que seleccionará a los miembros de la JNJ, presidida por el defensor del Pueblo, y la Ley Orgánica de este organismo, con base en una reforma profunda de la actual Ley Orgánica del CNM. Esperan, asimismo, aprobación los siete proyectos de ley enviados por el Ejecutivo al Congreso en agosto y que debieron ser debatidos prioritariamente como lo dispone la Constitución. Eso no ha sucedido por cuatro meses. Entre estos proyectos, dos despiertan la desconfianza de la mayoría de miembros de la Corte Suprema y de los fiscales supremos, la creación de órganos de control de ambas instituciones a cargo de magistrados exclusivamente contralores, designados fuera del ámbito del Poder Judicial y del Ministerio Público. Sería lamentable que la mayoría parlamentaria, de espaldas al mensaje claro emitido por los peruanos a través del referéndum, intente una coalición con estos órganos para insistir en aprobar leyes que ratifiquen el infructuoso modelo de autocontrol, perceptiblemente en crisis. Sería más de lo mismo. Otra de las iniciativas varadas en el Parlamento es la que crea una comisión coordinadora de la reforma, con participación de las instituciones involucradas, igualmente objeto de reparos a causa de equívocas nociones de autonomía, al punto de que las dos máximas instancias del PJ y el Ministerio Público han guardado silencio frente a la propuesta. El resultado del referéndum debe ser respetado por todas las instancias del sistema político, incluidas las que se sientan afectadas por él o las que sufrieron un revés en manos de los ciudadanos. El veredicto de las urnas ha consagrado tres reformas e impedido una que fue desnaturalizada por el Congreso y, al mismo tiempo, ha legitimado una ruta para el cambio, una realidad que no puede ser ignorada.
