"Una vez en funcionamiento, pasaría a convertirse en la piedra angular de los procesos por corrupción que la propia constructora ha reconocido".,Se espera que la semana entrante al fin se suscriba el acuerdo de cooperación judicial entre la Fiscalía, la Procuraduría y Odebrecht. A cambio de inmunidad en los procesos judiciales que afronta en Perú, la empresa brasileña deberá pagar una reparación civil y entregará documentos y testimonios que reforzarán las investigaciones que se siguen en nuestro país. Han sido dos años de un constante ida y vuelta de negociaciones que en algún momento parecieron a punto de naufragar. Uno de los principales elementos de controversia fue el monto de la reparación civil, que a mediados de año devolvió el asunto a fojas cero. Se sabe que ésta será menor que los 1.500 millones de dólares que se planteó por entonces. Para entrar en funcionamiento, el acuerdo firmado deberá por la aprobación del juez Richard Concepción Carhuancho. Una vez en funcionamiento, pasaría a convertirse en la piedra angular de los procesos por corrupción que la propia constructora ha reconocido. Estos son el Metro de Lima durante el gobierno de Alan García, la Carretera Interoceánica en los años de Alejandro Toledo, la ampliación de la Costa Verde- Callao durante la gestión de Félix Moreno y la Vía Evitamiento-Cusco —ocurrida durante el gobierno de Ollanta Humala— que involucra al expresidente regional Jorge Acurio. Faltaría por establecer si hubo coima en otros proyectos señalados, como el sistema de agua potable de Chimbote y el Tramo II de la Carretera de Tingo María a Aguaytía. Es importante entender que, a diferencia de los aportes de campaña —donde se mantiene el debate jurídico para establecer si constituyen o no lavado de activos—, en todos estos casos no hay duda alguna sobre la existencia del delito de cohecho (coima). También que, aunque pueda incomodar, la falta de una sanción contra Odebrecht y sus funcionarios está justificada, pues éstos ya han sido condenados en Brasil por la trama de corrupción continental que montaron y su colaboración resultará de gran ayuda para lo que pueda ocurrir aquí. Lo que importa ahora es emplear las herramientas que ofrece la ley para cerrar estos procesos y sancionar a quienes prostituyeron a nuestro Estado, llegando hasta las máximas instancias. El anuncio de este acuerdo ocurre junto con la declaración de la brigada de fiscales del Ministerio Público Federal de Paraná, que respaldó públicamente el trabajo del equipo encabezado por Rafael Vela: «Perú es uno de los países que ha sido más activos en la solicitud de cooperación jurídica internacional en relación con las investigaciones desveladas por la fuerza de trabajo Lava Jato. […] La fuerza de trabajo en Curitiba reitera su apoyo y su confianza en el excelente trabajo desarrollado por Rafael Vela y el Equipo Especial de Investigación y refuerza la necesidad de conferir seguridad y respaldo para que las investigaciones referentes a los crímenes practicados en ese país sean enteramente constatadas». Cantar victoria en un proceso tan vasto y complejo, que implica a personajes inescrupulosos, con resortes eficientes en las altas esferas del poder, siempre será prematuro. Pero lo cierto es que las investigaciones del caso Lava Jato han sabido desmentir los pronósticos adversos y salvar las trabas lanzadas desde el mundo de la política, del empresariado, de la opinión pública parcializada y de la propia Fiscalía, hasta llegar a este punto. Cada vez parece que falta menos para que los peruanos podamos decir que se hizo justicia. Ojalá así sea.
