“El ahora testigo Jorge Yoshiyama lo ha contado todo. Ha sido el mejor asesorado. Su tío Jaime Yoshiyama, si sabe lo que le conviene, debe hacer lo mismo”.,Hace tres años, en esta misma columna, les recordaba a mis lectores las cifras totales de la campaña presidencial del año 2011. Eran días en que el deporte nacional era trapear el piso con la esposa del Presidente. Era fácil hacerlo. Siempre fue evidente que las cuentas de campaña han sido en el Perú cualquier cosa, menos claras. El asunto se complicó cuando por fin se entendió que todos habían hecho lo mismo y que no existe un tipo penal definido para la conducta de ocultar al verdadero aportante. Hoy Keiko Fujimori está en la cárcel por la misma clase de investigación que llevó a prisión a los Humala por diez meses. La única diferencia es la torpeza de Fujimori en el despliegue de actos de obstaculización de la actividad probatoria que la ponen, sin duda, en muy complicada situación. Gana Perú reportó a la ONPE el 2011, un poco más de 22 millones de soles en la cuenta total. Pero ONPE detectó que solo en publicidad privada contratada había gastado 21 millones de soles. Se rectificaron cifras y se presentó una cuenta final de 25 millones de soles con una deuda que no se paga (no hay informe a la ONPE) hasta hoy. De otro lado, Fuerza 2011 reportó una cuenta total de 17 millones de soles. ¿Su gran problema? La ONPE contabilizó, solo en publicidad privada contratada, 18 millones de soles. Tuvieron que rectificar. En ambos casos, es obvio que la verdadera cuenta total fue mucho más. Piensen en lo que vale cada mitin, consultorías, producción de spots, transporte aéreo y un largo etcétera casi no incluido en esta rendición de gastos. Más de 40 millones de soles de gastos solo en los dos partidos ganadores, ¿de dónde salen? No salen de miles de pequeños aportantes, eso ha quedado claro. Salen de una lista de personas solventes que no quieren figurar por muchas razones. Se les ha dicho por décadas (recién tenemos Ley de Partidos Políticos desde el 2004) que no hay problema en “desaparecer” y ser suplantado por algún ardid. Total, no es delito. Pero hoy resulta que eso no basta. Hay unos fiscales que creen que pueden probar lavado y están buscando, en primer término, la verdad. El dilema es este: si dices la verdad, es probable que no estés en la acusación fiscal. Si no dices la verdad, si la omites y te descubren, vas a juicio. A jugártela. Así de trazada la cancha, el ahora testigo Jorge Yoshiyama lo ha contado todo. Ha sido el mejor asesorado. Su tío Jaime Yoshiyama, si sabe lo que le conviene, debe hacer lo mismo. Pero esto incluye revelar de dónde salieron los más de 18 millones que costó la campaña. Estamos hablando de una lista de empresarios que en un ataque de histeria colectiva –que escaló hasta la Confiep– creían el 2011 que Humala era Chávez y que había que poner todos los recursos sobre la mesa (incluyendo perseguir periodistas) con tal de que no ganara. Cuando ganó, se pasaron agarrándolo a periodicazos por haber hecho exactamente lo mismo que había hecho su lideresa. La torpeza política tiene esas paradojas. En una investigación fiscal, los que hablan primero tienen siempre la ventaja. Aquí hay una sabrosa historia para contar. Es mucho mejor presentarse voluntariamente en la oficina de José Domingo Pérez y decir todo lo que saben de dineros encubiertos. No se trata ya solo del millón de dólares de Odebrecht. Se trata de los más de 4 millones de dólares restantes que no salieron de una rifa, ni de unos cócteles. Lo mismo, en el caso de Fuerza Popular, para la campaña 2016. Sincerar todo hoy –y asumir las consecuencias legales- es mucho más inteligente que pasar por prisión mañana. Las sanciones administrativas son menos duras que Piedras Gordas o Santa Mónica. Salvo que –esa será siempre la gran duda– el dinero provenga del narcotráfico o de otras actividades delictivas. Sobre eso, no hay imputación, pero si surgiera le facilitaría mucho el trabajo al fiscal. Vamos a votar un referéndum que elimina la publicidad privada contratada y anuncia sanciones penales. ¿Terminará el problema del financiamiento encubierto? Difícil saberlo. Hasta que no esté modificado el Código Penal se podrá seguir operando con impunidad. Mientras tanto, para las investigaciones que están en curso –pese a que el delito de lavado está muy lejano aún– lo peor es encubrir lo que se hizo. Es como fingir el pago de una conferencia pasada para que Odebrecht te desvié 100.000 dólares a tu cuenta personal. Hay que ser muy imbécil para hacer algo así.
