Fiscal anticorrupción aún debe realizar diligencias y tomar declaraciones de involucrados en cuestionada adenda para construir aeropuerto de Chinchero.,Tras la lectura de la sentencia de 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, varios han cuestionado la labor del fiscal José Domingo Pérez, cuya actuación, en el marco de la investigación que se le sigue a la lideresa de Fuerza Popular por el presunto delito de lavado de activos, ha sido calificada como “política”. Asimismo, ha sido acusado de ser parcial y defender intereses particulares, en alusión a la investigación sobre el aeropuerto de Chinchero que también lleva a su cargo y que como se sabe, se encuentra implicado el presidente Martín Vizcarra. El fiscal Pérez inició la investigación preliminar el 24 de febrero del año pasado y este mes decidió ampliarla por el plazo de 120 días, hasta el 15 de febrero del 2019, de acuerdo a información consignada por el diario Perú 21. PUEDES VER Exministro Thorne afirma que probará su inocencia “En esta ampliación se seguirá con las diligencias de la toma de declaraciones de los testigos. Se necesita acopiar la mayor cantidad de información posible para pasar a los investigados”, recoge el citado medio. Respecto a este mismo caso, esta semana se supo que Pedro Chávarry presentó una denuncia constitucional contra el ex ministro de Economía y Finanzas Alfredo Thorne por la presunta comisión del delito contra la Adiministración Pública. El documento deberá ser evaluado por por la Subcomisión de acusaciones constitucionales en las que aún hay alrededor de 140 denuncias contra el cuestionado fiscal de la Nación. Por lo pronto, Thorne llegó el día de ayer a Lima procedente de Estados Unidos y dijo que demostraría su inocencia. En febrero del 2017 el gobierno de Pedro Pablo Kuczinsky firmó una adenda con la empresa Kuntur Wasi para la construccción del aeropuerto de Chinchero en el Cusco mientras Vizcarra ocupaba el cargo de ministro de Transporte y Comunicaciones. PUEDES VER Keiko frente al fiscal Pérez: crónica de un tenso interrogatorio La medida fue muy criticada y calificada de perjudicial para por la Ositran, la Procuraduría Anticorrupción y la Contraloría, la cual concluyó tras una auditoría que la adenda generaba un perjuicio económico de más de 40 millones para el Estado, además de cargarlo con más del 80% de riesgo financiero en beneficio de la mencionada empresa. Según Perú 21, en una de las diligencias realizadas por Pérez Gómez junto a su equipo a las oficinas de Kuntur Wasi, se habría habría hallado documentación que relacionaba a la empresa con empresas registradas en paraísos fiscales. Entre los delitos que se encuentran representantes del consorcio Kuntur Wasi, ex funcionarios de Ositran, Proinversión, Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quienes habrían incurrido en corrupción y lavado de activos. Hasta el momento hay 14 investigados.
